El Gobierno desoye a la Xunta y mantiene el límite en las OPE de sanidad y educación

La tasa de reposición de empleados públicos, el límite legal de plazas en las convocatorias de oposiciones, se mantendrá el próximo año, aunque con un ligero incremento con respecto a este ejercicio. Así lo anunció ayer el Gobierno central, que incluirá esta medida en el proyecto de presupuestos del Estado para 2022, igual que una subida del 2% en el salario de los funcionarios. La Xunta expresó su “decepción” por prolongar Moncloa “un año más” la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, una circunstancia que impide, a su juicio, estabilizar las plantillas y que es la causa de la excesiva temporalidad en los contratos en sectores prioritarios como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

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Para el próximo año, el límite de reposición con carácter ordinario será del 110%. Es decir, que por cada cien jubilaciones o bajas que se produzcan se podrán incorporar 110 funcionarios, diez más que la tasa vigente ahora. En el caso de las áreas de sanidad, educación y servicios sociales, la tasa llegará al 120%, mientras que actualmente es del 110%. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y locales será del 125% y los dispositivos de extinción de incendios quedan eximidos de cualquier límite.

El Ministerio de Hacienda, que ayer reunió a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para informar de las novedades, recordó que el Gobierno del PP mantuvo en el 0% la tasa de reposición durante cuatro años seguidos, desde 2012.

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Para la Xunta, mantener restringidas las plazas de la OPE es una “decepción” ya que solicitó en numerosas ocasiones la supresión de estos límites, llegando a presentar una propuesta de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, “una petición que nunca fue atendida por el Gobierno del Estado”, censura la Consellería de Facenda.

No obstante, el Ejecutivo autonómico valoró positivamente la exención de la tasa de reposición para los operativos antiincendios, de forma que la convocatoria de plazas estará únicamente condicionada por la suficiencia financiera de cada comunidad. “En este sentido se pone de manifiesto que no hay justificación para que esta medida se limite únicamente a un sector y no alcance al resto de personal que presta servicios básicos como la sanidad, la educación y los servicios básicos sociales, especialmente en las comunidades autónomas que cumplen con la consolidación fiscal”, lamenta Facenda.

La otra medida de calado que afecta a los empleados públicos es la propuesta de subida de su salario en un 2%, que coincide con el objetivo de IPC del Banco Central Europeo y supera el 0,9% en el que aumentaron los sueldos de los funcionarios este año. En Galicia son 154.000 los trabajadores afectados que dependen de alguna administración.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública destaca que los trabajadores públicos han ganado 3,7 puntos de poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. No obstante, no colma ni de lejos las expectativas sindicales. Su rechazo es total.

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Comisiones Obreras ni acudió a la reunión con el ministerio por considerar que la negociación ha sido una “farsa”. UGT sostiene que el incremento del 2% consolida la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y CSIF lo calificó de “insuficiente” por no “no estar a la altura y la dedicación” que han mostrado los empleados públicos durante la pandemia.

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La Xunta, por su parte, censuró que fue informada ayer mismo, sin ningún tipo de participación y negociación previa, “lo que dista de la cogobernanza real”.

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