Más dinero para poder pagar el alquiler y evitar un desahucio. Este es uno de los objetivos de la reforma de la Ley de Inclusión que ha impulsado la Consellería de Política Social, que prevé aumentar el complemento destinado a abonar la renta de una vivienda a los perceptores de la renta de inclusión de Galicia (Risga). En la actualidad, ese plus roza los 150 euros añadidos a un cheque que en el caso de una persona sola ronda los 423 euros mensuales.
La vivienda constituye uno de los factores clave para evitar la exclusión social. Durante el segundo trimestre del año, los lanzamientos registrados por vía judicial alcanzaron los 47 de los que 343 correspondieron a impagos de la renta. El dato supuso un 31% menos que en 2019, escenario previo al COVID, pero ilustra el drama de quien pierde su hogar por falta de recursos.
La Risga está destinada a quienes perciben ingresos inferiores a lo que les correspondía de esta ayuda: 423 euros una persona que vive sola, cifra que se incrementa si la unidad familiar está compuesta de más miembros. El año pasado, la cobraron durante algún momento del año 13.370 personas, lo que ocasionó un gasto de 53 millones de euros para las arcas autonómicas. Las nuevas solicitudes alcanzaron las 5.338, 765 menos que en el año 2019.
La nueva ley “revisará la cuantía y condiciones del complemento de vivienda”, reconocen fuentes de Política Social, que matizan que se concretará durante el debate para elaborar un borrador. En todo caso, la intención es incrementar su cuantía actual.
La actual legislación, que data de 2013, establece un complemento del 25% del indicador público de renta media (IPREM) para esta cuestión, lo que supone más de 148 euros mensuales.
Entre los objetivos del cambio legal figura la reducción de la burocracia para tramitar tanto la Risga como las ayudas de inclusión social (AIS), que son aportaciones únicas para necesidades puntuales. “El reto es disminuir los plazos un 50%”, apuntan desde Política Social. “Actualmente, el tiempo de espera para empezar a cobrar ambas ayudas ronda los tres meses, que después de la reforma quedarán reducidos a la mitad: mes y medio”, añaden, si bien ello afecta directamente a los municipios. Son estos los encargados de recibir las peticiones de esta ayuda para ciudadanos con pocos recursos. Si carecen de plantilla suficiente para ello, los plazos se demoran.
Además, el nuevo marco legal pretende adaptar la Risga al ingreso mínimo estatal (IMV), pues la primera es incompatible con la segunda, según la legislación autonómica. “Esta adaptación busca facilitar la inserción sociolaboral de los perceptores del IMV”, explican desde el departamento de Fabiola García, que prevé añadir un plus a esta ayuda para fomentar la búsqueda de empleo.
El cambio de la Risga de 2013 también estableció diferentes tramos para impulsar la inserción laboral, pero tardó seis años en aprobar el decreto que regulaba ese precepto.
Política Social también pretende hacer “más rápidas, ágiles y modernas” las concesiones de las AIS, que alcanzan una media de 1.132 euros.
