Trabajadores en ERTE, empresarios con su actividad paralizada por la pandemia, cobros que se retrasan y recibos que se acumulan, despidos, quiebras… e impagos. La pandemia de COVID-19 ha sacudido la economía con la intensidad de una granada de mano, causando heridas en muchos casos difíciles de curar. Un termómetro del calado de esos daños afecta directamente a la Xunta de Galicia, que teme perder casi 150 millones de euros que empresas y particulares tienen pendientes con ella. Las deudas de dudoso cobro aumentaron el año pasado un 30%, alcanzando la cifra más alta al menos de los últimos cinco años.
El epígrafe “deuda de dudoso cobro” es tan sugerente como vaporoso. Indica el severo peligro de no poder recibir dinero pendiente de particulares y personas jurídicas, pero el criterio de definición no está claro. De hecho, el propio Consello de Contas afea a la Xunta en su fiscalización correspondiente al ejercicio de 2019 la ausencia de un concepto claro y homogéneo. En algún departamento etiquetan con esa categoría las deudas que no han sido amortizadas en tres años. En otros, de otra forma. Contas urge unidad.
El Igape fracasa en su segunda subasta de bienes embargados
“No existe información sobre antigüedad de los deudores pendientes de cobro, lo que limita el cálculo de los derechos de dudoso cobro”, apunta el órgano fiscalizador en su último informe.
En ese documento también matiza que las cifras de provisión para cubrir deudas están mal calculadas y que el montante de deudas de casi imposible recuperación debería crecer. “Existen saldos que por su antigüedad deben ser anulados o en todo caso ser objeto de una dotación de saldos de dudoso cobro por su totalidad en la medida en que la antigüedad del reconocimiento del derecho de cobro supera cuando menos los cuatro años”, añade.
El Ejecutivo gallego cerró 2019 con 113 millones de dudoso cobro, cifra que se disparó un 30% el año pasado, según la Conta Xeral autonómica, radiografía contable de la administración. De nuevo, Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) copan la mayor parte de esos débitos, con 64,8 y 53,1 millones de euros, respectivamente.
El resto corresponde, principalmente, a la administración general, en forma de tributos impagados con 29,4 millones. Las cuantías del Instituto Galego de Enerxía (Inega) no alcanzan los 700.000 euros.
Empresas y particulares elevan las deudas de dudoso cobro de la Xunta hasta 114 millones
Subasta
Gran parte de ese dinero está perdido, como refleja que muchas empresas que recibieron préstamos del Igape hace años hayan quebrado dejando un agujero en sus finanzas. De hecho, este organismo, dependiente de la Consellería de Economía, sacó en 2018 a subasta propiedades de varias empresas para tratar de recuperar parte del dinero que les había prestado, en un procedimiento inédito hasta entonces, como reveló FARO. Resultó un fiasco.
Cuatro empresas le adeudaban 36 millones y subastó cinco naves industriales y dos bajos comerciales valorados en 7,5 millones. Tras una puja desierta, a la segunda logró vender tan solo una propiedad.
En el caso del IGVS sucede algo similar, pues existen deudas del año 2000 que no serán recuperadas por la administración. Impagos de alquileres o de pisos protegidos, pero, sobre todo, la carga heredada de las xestures del bipartito (unidas después en un único organismo) a las que la crisis de 2008 costó millones de euros invertidos en su plan de construcción de polígonos industriales.
Con las quiebras, empresas que podían haber amortizado deuda el año pasado ya evidenciaron que su futuro era oscuro o directamente quebraron.
