Con el debate sobre el modelo de financiación autonómica a punto de abrirse, el Foro de La Toja reunió ayer, en su segunda jornada, a cuatro presidentes autonómicos de dos bloques diferentes de comunidades con visiones distintas, y hasta enfrentadas, sobre las bases que deben sustentar el nuevo sistema. Por un lado, Galicia y las dos Castillas –con otros territorios de la España vaciada– defienden que se afronte el reto demográfico con mayor intensidad y que se tenga más en cuenta la dispersión de población y el envejecimiento. Por otro lado, Valencia –junto con Andalucía y Murcia–, abogan por un mayor peso de la población y que se les dote con un fondo de compensación por estar infrafinanciadas.
Estas posturas dispares que transcienden las siglas de sus respectivos partidos se evidenciaron en el debate, por otra parte cordial, entre Núñez Feijóo (Galicia, PP), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León, PP), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha, PSOE) y Ximo Puig (Valencia, PSOE).
No obstante, este grupo de “moderados” como se calificó García-Page, también mostraron afinidades, como exigir el Gobierno mayor participación de las comunidades en las negociaciones, rigor en el diseño de los criterios para determinar el reparto de los fondos, una decidida apuesta por la cohesión territorial y el impulso del Estado de las Autonomías.
Ruido político excesivo
Los cuatro presidentes autonómicos coincidieron en que la negociación no puede esperar más y que las comunidades autónomas deben tener mayor peso, pero también son conscientes de que el escenario político actual no es el mejor, ni mucho menos. “El titular no es lo que digamos, es la foto de dos presidentes del PP y dos del PSOE conversando pacíficamente. En el país hay mucho ruido y demasiada crispación”, indicó Feijóo, quien sostuvo que la financiación autonómica no es un tema pacífico. “Hay más ruido del necesario”, terció Puig. “Una de las anomalías de nuestra democracia es que es más sencillo poner de acuerdo a los presidentes autonómicos que a las Cortes”, añadió García-Page, por lo que no cree que se alcance un acuerdo.
Distinta intensidad en la reforma
El presidente de Valencia fue el que reclamó una reforma mucho más amplia que la estrictamente vinculada a la financiación autonómica, senda que los demás contertulios no exploraron con tanta intensidad. Con una visión federalista, Puig abogó por renovar los pactos autonómicos de 1981, pero con presencia de las comunidades, para así afrontar con una nueva perspectiva la reforma de la financiación, además de abordar la excesiva concentración de poderes del Estado y el desafío independentista.
Rigor
Fue una de las proclamas más repetidas. Los representantes autonómicos demandan al Gobierno que actúe con rigor y datos para que el modelo resultante sea una financiación equitativa y que cohesione el territorio. Rigor para calcular los costes en cada comunidad de los servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. “Debe irse a un modelo que no se revise cada cinco años, avanzar a un modelo con criterios estables y distintas variables que permitan su modulación al margen de debates o compadreo político”, dijo García-Page. “Vamos a hacer un sistema sin perdedores ni ganadores”, destacó Feijóo.
Rigor, insistía el gallego sobre lo que tendría que hacer Pedro Sánchez, a lo que Ximo Puig respondió, en tono distendido, “rigor mortis le pediría”, ante lo cual García-Page le exhortó a que no utilizara esa expresión en el próximo congreso federal del PSOE en Valencia.
Envejecimiento y sanidad
Los presidentes de Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León insistieron en que el nuevo modelo debe tener muy en cuenta los costes de la sanidad y la educación, prestación que depende en gran medida del nivel de envejecimiento y la dispersión. El de Valencia no apoyó esta vía, al menos explícitamente. Su interés se centra más en que se valore la población absoluta. “Aunque está bien conocer lo que cuestan los servicios, la población es un factor fundamental”, sostuvo Puig.
“Si el 40% del gasto de las comunidades procede de los servicios sanitarios, es un disparate plantear un sistema de financiación basado en la población”, replicó Feijóo. “No es lo mismo la tasa de envejecimiento en el interior que en otro sitio, lo mismo que la sanidad o la dependencia. El Gobierno debe ser reflexivo y sereno y es el momento de apostar por la España interior”, espetó Mañueco.
García-Paje compró este mensaje, de que se debe tener en cuenta el reparto de población y el coste de los servicios en poblaciones pequeñas, ya que de lo contrario se produce el éxodo de habitantes al Levante, ya que el Este de España es más rico. Esta opinión provocó la reacción de Ximo Puig, del mismo partido que García-Page: “¿Las comunidades del Este son ricas? No sé en qué laboratorio económico está”.
Este comentario llevó a Feijóo a meter una pica. “Si el PSOE del Levante y del Centro tienen discusiones, pueden imaginarse las demás”, les soltó sin perder la cordialidad que marcó todo el debate, moderado por la periodista Pilar Cernuda. “Se ha evidenciado que podemos hablar y que estamos de acuerdo en algunas cosas. Tenemos que buscar soluciones y participar en las decisiones, pero no hacer frentes entre comunidades ni contra el Gobierno”, dijo Puig.
Armonización fiscal
Quizás fue el punto de mayor desacuerdo. En este caso, los dos presidentes socialistas hicieron piña. Ambos abogaron por un sistema fiscal similar en todas las autonomías, con la mirada puesta en Madrid por ser la comunidad que más baja los impuestos. “Hay asimetrías insostenibles”, declaró el valenciano, que vinculó la financiación autonómica a una reforma fiscal que acabe con el “dumping” y la desigualdad de oportunidades. Su mensaje fue secundado por García-Paje: “Las comunidades no se han creado para inventar diecisiete economías y diecisiete mercados diferentes”. Pero cree imposible llegar a un acuerdo.
Mañueco intentó templar gaitas, alegando que creía en la autonomía fiscal y que cuando se habla de armonización se interpreta por subir los impuestos, pero que también podría ser bajándolos o suprimiéndoles y que apostaba por esa línea.
Pero Feijóo fue más incisivo. También defendió la autonomía fiscal y advirtió a todos los dirigentes autonómicos. “Luchar contra Madrid en el impuesto de patrimonio es perder”,aseguró ante la posibilidad de obligar a la comunidad madrileña a cobrar este impuesto. A su juicio, lo que deben hacer todas las autonomías es suprimirlo, algo a lo que no se opuso García-Page.
Ataques al estado autonómico
Hubo coincidencia en defender un refuerzo del estado autonómico. Puig quiere renovarlo a fondo y Feijóo alertó contra los “enemigos” que lo atacan por exceso de competencias y otros por no tenerlas. “Cuanto mejor funcione el estado de las autonomías, menos planteamientos separatistas y menos intereses nacionalistas”, dijo, en alusión a los acuerdos de Cataluña que hacen al resto de los territorios “pasar por caja”. “Una parte de la apariencia del poder del Gobierno de España es por el caos autonómico, conviene que no haya consenso autonómico porque así manda más”, dijo García-Paje.
Más fondos
Los cuatro reclamaron más fondos y además que se mantenga el Fondo COVID. Los presidentes autonómicos demandas más transferencias porque las competencias de las comunidades han aumentado sensiblemente sin que el Estado contribuya con más recursos. “El 50% del gasto público del país corresponde a las comunidades, por lo que sin una buena financiación”, dijo Feijóo, los ciudadanos “no tendrán buenos servicios”. En esta línea, tanto Feijóo como Page exigieron que las leyes del Estado lleven aparejados siempre fondos cuando la aplicación de la norma requiera más gasto por parte de las autonomías. Y los cuatro pidieron más flexibilidad para gastar el dinero procedente de la UE y que se clarifiquen las competencias de cada administración. “A Sánchez le pediría que lo que es de todos se hable entre todos”, dijo Mañueco.
Radialidad
Feijóo aprovechó para censurar la radialidad de las vías de comunicación en España y defender que gobierne la lista más votada.
