Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Los litigios para cobrar deudas tras el COVID inundan los juzgados: 21.255 en seis meses

Los litigios para cobrar deudas tras el COVID inundan los juzgados FdV

La ola de impagos familiares y empresariales de pequeños créditos originados por la pandemia de COVID-19 inunda los juzgados gallegos con litigios exprés impulsados por fondos buitre, en su mayoría, que han comprado esos paquetes de deuda a los bancos tradicionales. Durante el primer semestre del año, se alcanzó la cifra más alta de monitorios de la última década, con 21.255 procedimientos rápidos de reclamaciones de débitos, 3.000 más que en el mismo período de 2020 y 1.200 por encima del primer semestre de 2019, no condicionado por la pandemia.

Los fondos buitre lanzan 3.000 procedimientos urgentes por impagos que el año pasado | Es la cifra más alta de la década | La justicia anula los intereses abusivos en muchos casos

“Y después del verano veremos seguramente más. Esto se debe a que el endeudamiento va en aumento y comienzan a llegar a los juzgados los impagos de quienes pidieron préstamos en el momento más duro del año pasado, gente que se quedó sin ingresos por el confinamiento, por ejemplo. Explotan los impagos y ello se traduce en que los bancos les venden esos paquetes de deuda a fondos buitre”, relata el abogado David Alfaya, especialista en estos procedimientos y en la defensa de clientes contra los intereses abusivos por parte de entidades financieras. La tendencia le da la razón. Estos litigios crecieron casi un 13% en el primer trimestre del año y un 20% en el segundo.

Los monitorios son procedimientos para reclamar deudas en sede judicial, pero sin entablar una demanda per se, ofreciendo como ventajas el ahorro de tasas y de los honorarios de procurador y abogado, necesarios en un juicio, pero no para registrar un monitorio.

El coste administrativo se rebaja a 100 euros, por lo que muchos particulares y, sobre todo, fondos buitre optan por esta elección para reclamar deudas.

Pero existe otra gran ventaja para los demandantes. Si el deudor no se opone expresamente o no comparece en la vista, el juzgado le da la razón automáticamente al primero y abre un período de 20 días. Si el deudor no paga, sufre un embargo. Si se opone, deben acudir a juicio.

  • La banca renuncia a cientos de juicios por las tarjetas ‘revolving’; todos, favorables al cliente
    La ciudad rebasa los 18.000 empleos por cuenta propia

Los abogados detectan la presentación en masa de monitorios por parte de fondos buitre, vinculados a impagos de préstamos rápidos o tarjetas “revolving”, que permiten ir refinanciando créditos. Detectan intereses medios del 25% y en algún caso del 5.000%.

Por desconocimiento o por voluntad de pagar, muchos ciudadanos y empresas aceptan la deuda, a pesar de existir la posibilidad de litigar para anular los intereses. De hecho, la banca ya está renunciando, por ejemplo en Vigo, a cientos de juicios por ese tipo de tarjetas, pues las sentencias judiciales tumban por abusivos esos incrementos. Es tal el aluvión que los abogados ya debaten la necesidad de juzgados especializados.

El incremento de monitorios también puede obedecer a una estrategia de los acreedores para evitar acudir a juicio y que una jueza anule sus intereses, como sucedió el año pasado en Vigo. Una mujer no solo recuperó los 5.589 euros reclamados por una tarjeta “revolving”, sino que también logró una indemnización de 6.000 por condiciones abusivas en el contrato.

“Aunque se acepte un monitorio o no se comparezca y haya que abonarlo, siempre queda la posibilidad de acudir a juicio por los intereses”, matiza Alfaya, cuyo despacho llevó un caso en el que el juzgado de Primera Instancia de Vigo condenó a una entidad financiera a la devolución de 32.000 euros en intereses.

Las okupaciones bajan de nuevo y son 20 veces menos que los desahucios

Los desahucios son un problema veinte veces más grave en Galicia que las okupaciones ilegales de viviendas, a pesar del impacto que tiene sobre los dueños de los inmuebles y los barrios en que se producen. Así se colige de los datos proporcionados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), recogidos por el Poder Judicial.

Durante el segundo trimestre del año, los juzgados gallegos practicaron 447 lanzamientos, de los 343 (76,7%) se debieron a impagos del alquiler, derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y a pesar de las medidas de protección contra la población vulnerable aprobadas tras el surgimiento de la pandemia. Otros 89 casos se debieron a ejecuciones hipotecarias y el resto a otras causas. En comparación con el mismo periodo de 2019, antes de la crisis sanitaria, los lanzamientos ejecutados en la comunidad descendieron un 32%.

Si se comparan con los de 2020, los lanzamientos aumentaron un 438,6%, al pasar de 83 a 447, si bien las fuentes judiciales advierten de que el incremento no es significativo, ya que se debe a la incidencia de la pandemia en los órganos judiciales, informa Europa Press.

El estudio sobre el impacto de la crisis en los órganos judiciales refleja que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año los juzgados gallegos ingresaron 22 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Fueron un 31% menos que en 2019 y un 18,5% menos que en 2020.

 

Compartir el artículo

stats