La limpieza del monte constituye uno de los pilares de la prevención de los incendios forestales, así como de la fijación de población en el medio rural, al favorecer su explotación económica. La administración gallega castiga con multas de 100 a 1.000 euros, que en casos graves pueden llegar a 10.000, a los dueños de fincas en fajas de seguridad (zonas de riesgo cerca de casas u otras construcciones), pero siempre opta por los avisos preventivos antes de las medidas punitivas. Este año, la Consellería de Medio Rural ha batido su récord de comunicaciones a titulares de parcelas que no han gestionado de forma correcta sus propiedades: 70.000.
La normativa establece que después del 31 de mayo –la cercanía del calor incrementa el riesgo de incendios– el monte debe estar bien gestionado: sin maleza que ejerza de combustible a las llamas y cumpliendo la distancia con las casas, de 50 metros. En caso de no atender el primer requerimiento, se notifica la amenaza de sanción y de ejecución subsidiaria de la limpieza, cuya factura luego se pasará al propietario.
Para facilitar esta tarea en un territorio caracterizado por el minifundismo, la administración ofreció una vía a los ciudadanos en las parroquias prioritarias de actuación: 157 en los 232 concellos adheridos al sistema puesto en marcha en 2018 por Medio Rural, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga. Ofrecen desbroces a un precio de 350 euros por hectárea, facilitando a los dueños así la tarea.
Ya se han enviado 16.200 notificaciones a dueños (personas físicas y jurídicas) de 81 concellos priorizados para evitar dar ese paso, pero Medio Rural se ha vuelto a topar con uno de los graves problemas del campo gallego. “En el caso de propietarios ilocalizables, se han remitido a los concellos para su publicación más de 33.400 propietarios de parcelas no localizables. Estas cifras muestran la dificultad de la gestión de la biomasa en el caso de las fincas de personas ilocalizables”, apunta el departamento de José González. Las herencias, la emigración y la diáspora del rural contribuyen a alimentar ese fenómeno de fragmentación de la propiedad. En mes y medio, por ejemplo, esa cifra creció en 2.000 terrenos.
Expropiación
Para solventar esa problemática, la Xunta impulsó un cambio legal para poder expropiar fincas sin dueño conocido cuyo coste de limpieza sea mayor a su valor catastral, cálculo que realiza el programa informático Xesbío. Para cubrirse legalmente, la Xunta publica en el Diario Oficial de Galicia los avisos previos antes de que Seaga pase las desbrozadoras de forma subsidiaria.
El balance del convenio entre Medio Rural, concellos y Seaga ofrece un saldo positivo, pues tras la comprobación de la situación en las 157 parroquias prioritarias el porcentaje de limpieza pasó del 50% en 2019 al 70% en la actualidad. “Se hizo tanto por la vía de la limpieza que realiza directamente Seaga como por la propia concienciación ciudadana”, apuntan fuentes de Medio Rural. Esas parcelas prioritarias suman 180.131 parcelas con 10.004 hectáreas en total.
Ahora revisan el resto en el resto de parroquias de esos 232 ayuntamientos, que alcanzan las 57.365 fincas (2.695 hectáreas en total). “Tras las revisiones hechas hasta ahora, se constata que en estas la gestión es inferior que en las parroquias priorizadas”, añaden desde ese departamento autonómico.
