Respiradores para las unidades de cuidados intensivos, equipos de protección individual como mascarillas y gafas para sanitarios y trabajadores de residencias, refuerzo de plantillas en hospitales y colegios, incremento de la limpieza, desdoble de aulas... La respuesta pública ante la aparición de la pandemia de COVID-19 el año pasado obligó a Galicia a gastar casi 276 millones de euros adicionales en políticas sociales, convirtiéndose, además, en una de las cinco únicas comunidades que elevaron el peso de este desembolso en sus presupuestos.
La pandemia afectó de manera directa a los servicios públicos, tanto por la sobrecarga de trabajo para la sanidad hospitalaria mientras se cancelaban operaciones y citas programadas, como por la adaptación de los centros educativos y las residencias de mayores a nuevos protocolos. Ello forzó a las administraciones a cubrir nuevas demandas con inyecciones adicionales de recursos, financiadas en gran parte por los fondos extraordinarios aportados por el Gobierno central ante una crisis inédita. Todas las comunidades, salvo Castilla y León, modificaron sus presupuestos para añadir dinero a educación, sanidad y servicios sociales hasta sumar un extra de 5.619 millones, un 4,8% más que en 2019, según el estudio comparado de la contabilidad autonómica realizada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, presentado ayer.
Galicia, con 275,4 millones más, incrementó sus recursos un 3,88%, siendo la séptima autonomía que más aumentó su aportación para los tres pilares del Estado del Bienestar. De esa cifra, 121,8 correspondieron a sanidad (+3%), 106,2 a educación (4,5%) y 47,4 a servicios sociales (6,1%). En total, gastó 7.373 millones en esas cuestiones.
Sin embargo, la crisis pandémica impactó a toda la sociedad y actividades, por lo que las administraciones también tuvieron que afrontar el pago de nuevas ayudas para ayudar a empresarios y trabajadores, al tiempo que padecieron una caída de ingresos precisamente por el desplome de la economía.
En ese contexto, solo cinco autonomías elevaron el porcentaje del gasto social respecto al desembolso público total. Se trata de La Rioja (+1,32%), Cantabria (1,3%), Galicia (0,98%), Castilla y León (0,75%) y Aragón (0,03%, según la comparación de los presupuestos de 2020 y 2019, si bien la radiografía final puede registrar diferencias cuando se conozca en 2022 la liquidación contable de las autonomías.
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, empleó estos datos para criticar los discursos de los gobernantes autonómicos, disonantes sobre la importancia concedida a las políticas sociales. “Es una decepción”, apuntó.
“En 2020, el porcentaje del presupuesto destinados a los servicios esenciales disminuyó un 2% con respecto al 2019. Si bien en cifras absolutas, la inversión en políticas sociales solo creció el 4,81%”
Se salvan las cinco comunidades citadas, con Galicia como la cuarta que mayor porcentaje de su presupuesto dedicó a estas partidas: 34,8%, más de siete puntos por encima de la media. Lideran la lista Asturias (38,7%), Castilla y León (36%) y Madrid (35%). A la cola, Cataluña (25,3%) y Navarra (25,3%).
Condicionantes
Uno de los elementos analizados es el gasto por habitante en estas políticas, si bien el propio informe apunta que “hay que relativizar estos datos y tener en cuenta las diferencias del coste de la prestación de servicios por territorios”, un argumento empleado por la Xunta para reclamar un mayor peso en la nueva financiación autonómica, cuyo sistema caducó en 2014. Ejemplos: la dispersión dispara el coste del transporte escolar; el envejecimiento aumenta la factura médica por los tratamientos crónicos y genera mayor demanda de residencias y centros de día....
Teniendo en cuenta esos condicionantes, el gasto medio en España fue de 2.590 euros por habitante, con Galicia en octavo lugar con una cifra de 2.727. Encabezan la clasificación las dos comunidades con sistema fiscal propio: Navarra y Euskadi, con 3.455, y 3.415 euros, respectivamente, seguidas de Extremadura, con 3.128. Cierra la clasificación Madrid, con apenas 2.204.
