Más de 209.000 alumnos de ESO, Bachillerato y FP se incorporaron ayer a las aulas, aunque unos cuantos todavía confirmaban en el último minuto que, en efecto, podían cursar alguna de las asignaturas de las que se habían matriculado. Es el caso del IES María Soliño de Cangas, que recibía ayer mismo autorización de Educación para impartir en 2º de Bachillerato una materia, Francés, que estaba en el aire al no cubrir el cupo mínimo de cinco alumnos fijado por la Xunta. En otro centro de la zona, As Barxas, las opciones que les dieron en asignaturas con menos inscritos eran irse a otro instituto u optar por una enseñanza virtual. Ayer seguían pendientes.
Más centros y familias esperan para saber qué ocurrirá con asignaturas como pueden ser Griego, Latín, Tecnología o Dibujo Técnico, como sucede en el IES de Ponteceso (A Coruña), y no son los únicos, porque la CIG denuncia que si en pasados cursos la Consellería de Educación permitía en ciertos casos en zonas rurales poder ofertar las materias que no llegaban al mínimo de interesados si había en el centro personal con “disponibilidad horaria” y no era preciso contratarlo, esta vez la regla es no autorizar “ninguna excepción”, aunque ese personal dedique sus horas a “guardias”.
Eso, denuncia la CIG, “provoca una clara discriminación para el alumnado” del rural, “que se ve obligado a coger otras materias en las que no tiene interés”, incluso prescindiendo –en 2º de Bachillerato–, de disciplinas que ponderan más para el acceso a la carrera que les interesa en la ABAU. Así lo razona también Teresa Varela, directora del IES de Ponteceso: “Si no podemos impartir Tecnología, no podremos tener alumnos arquitectos o ingenieros. Y, si consiguen acceder a la carrera, no llevarían los conocimientos oportunos”. Alumnas que pedían Francés en el IES María Soliño también argumentaban que otras asignaturas no les servían en sus planes para la universidad.
Francés de 2º de Bachillerato, explican desde la CIG, es una de las materias afectadas, junto a Dibujo Técnico, Física, Historia del Arte, Griego y, sobre todo, Latín. Las quejas que recibió el sindicato, señalan, aluden a grupos de cuatro alumnos en concellos como A Estrada, Melide, Chantada o Becerreá. .
Otra alternativa, explica Suso Bermello, secretario nacional de CIG-Ensino, es matricularse de las materias de su modalidad a distancia. En concreto, está la opción de inscribirse en el IES San Clemente de Santiago, hasta ahora, dice, una elección “residual”, lo que puede cambiar si la Xunta no abre la mano. Desde la CIG reclaman no hacer depender las materias troncales del número de alumnos o de los docentes, impartir las específicas si hay profesores disponible o, de recurrir a la modalidad virtual, si es solicitada “voluntariamente por el alumnado afectado”, facilitarle los medios “necesarios para garantizar una buena conectividad sin cargas para las familias”. Varela afirma al respecto, con todo, que no solo se trata de que “muchas familias no puedan pagarse una conexión a internet”, sino también de resultados: “Tuvimos alumnos confinados por COVID y el que tuvo que seguir las materias online en el examen bajó de nota”.
Otra posibilidad es cambiar de instituto, pero, apunta Varela, el transporte en zonas rurales es “fatal”. Además, se pregunta qué destino les queda a centros como el suyo, que tuvieron 1.000 alumnos y ahora no llegan a los 400, si no se apuesta por el rural y no se ofrece a los estudiantes las posibilidades de una ciudad, al menos cuando hay profesorado disponible.
Situaciones parecidas las denuncian padres de varios centros de A Coruña, que trasladaron sus quejas a grupos parlamentarios, Inspección y Xunta. Desde Educación, apuntan que las instrucciones del mínimo de estudiantes siguen los “criterios” de años pasados y que hay autonomías “más” estrictas. Añaden que además de exigencias diferenciadas para el rural para facilitar los grupos, Inspección educativa analiza “caso a caso para ver la posibilidad o no de implantar las materias, incluso haciendo excepciones”, como la del IES María Soliño.
