Después de que los más pequeños recuperasen la pasada semana la mochila y los libros, les tocará mañana a casi 210.000 estudiantes desde Educación Secundaria en adelante, incluidos los de FP, Bachillerato y enseñanzas de régimen especial –de adultos, artísticas y deportivas–. A una parte significativa de estos alumnos, grosso modo los mayores de 16 años, les afectan las instrucciones de la Consellería de Educación que vuelven a dar luz verde a la salida de matriculados del recinto escolar en ciertas condiciones, siempre y cuando cuenten con autorización de sus progenitores y estén matriculados en etapas de enseñanza no obligatoria.
Antes de que la pandemia irrumpiese en la ecuación, cada vez más institutos, dado que la decisión era de cada centro, habían decidido coartar la posibilidad de que los estudiantes mayores, en concreto los de Bachillerato, abandonasen el centro durante los períodos no lectivos, tendencia incentivada por sentencias que condenaban a las direcciones de los centros por posibles percances ocurridos fuera del instituto.
El año pasado, en el contexto de pandemia, la Xunta permitió, a través de unas instrucciones, la salida de los patios en el recreo forma puntual a los mayores de 16 años. En concreto, Educación indicaba que se no se trataba de una autorización de carácter general, sino de una “absolutamente extraordinaria” pensada para los institutos situados en cascos históricos o en centros de ciudades sin disponibilidad de espacios abiertos y, por tanto, con dificultades para mantener las distancias de seguridad derivadas de la pandemia.
Este año, el departamento dirigido por Román Rodríguez vuelve a enviar unas instrucciones en la misma línea de lo que era una situación “excepcional”. En la resolución sobre medidas organizativas que deben adoptar los centros educativos por efecto de la pandemia, incluye, como establece la normativa, que será el consello escolar el que regule el procedimiento de autorización para las salidas voluntarias entre clases o en períodos de ocio del alumnado y que, en todo caso, ese permiso se limitará al que curse “enseñanzas no obligatorias, Bachillerato, ciclos medios o superiores de FP y enseñanzas de régimen especial” y se le pide al centro recabar las autorizaciones de progenitores o tutores cuando se trate de menores no emancipados.
Regreso al instituto
Mañana más de 209.000 alumnos volverán a las aulas, según datos provisionales difundidos ayer por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Aunque las cifras de matriculación no serán definitivas hasta dentro de “unas semanas”, concede la Xunta, por las recuperaciones en ESO y porque en FP la matrícula sigue abierta, las estadísticas permiten constatar que “apenas se producen variaciones” con respecto al curso pasado, si bien sí se nota un aumento “sustancial” –casi 3.000 alumnos más– en FP, que rozaría en total los 60.500 y de ellos dos mil en ciclos duales.
En la etapa de educación secundaria, una de las que más notará los cambios este curso si el Gobierno mantiene su propuesta de eliminar los exámenes de recuperación de las materias suspensas, volverán a las aulas 94.187 adolescentes de entre 12 y 16 años. Serían 448 menos que en 2020 y siete de cada diez cursarán estudios en centros públicos.
En lo tocante a Bachillerato, los datos provisionales elevan a 33.002 los matriculados, 128 más que en el curso pasado, mientras que la enseñanza de adultos gana casi 300 inscritos y llega a los 9.642 y las enseñanzas artísticas y deportivas perderían 172 estudiantes y se quedarían en 10.155. El grueso de la caída se concentra en los conservatorios. Por el contrario, los títulos de tipo deportivo suman 637 anotados.
La incógnita del profesorado
Si las cifras de alumnos se van difundiendo, queda por concretar cuántos profesores asumirán su atención. Al respecto, el sindicato CC OO Ensino alegaba que la reciente adjudicación definitiva de destinos de secundaria permite constatar 420 plazas menos que el pasado año y vinculan el dato al “alto grado de reducción de desdobles” planteado para este curso.
Así lo trasladaron ayer desde el sindicato Luz López y José Fuentes, quienes advirtieron de que comunidades como Galicia se sirven de la reducción del criterio de distancia como “elemento fundamental” para recortar efectivos y elevar de nuevo el número de alumnos por aula.
