Tras las quejas de comunidades autónomas y los empresarios, el Ministerio de Economía está dispuesto a dar un mayor margen de maniobra a los gobiernos autonómicos en la gestión del plan de rescate destinado a que pequeñas y medianas empresas y autónomos pueden saldar las deudas generadas durante la pandemia. El Gobierno central puso encima de la mesa 7.000 millones de euros y los entregó a las comunidades para repartirlos, pero estas solo pueden actuar como meras pagadoras, ya que las condiciones que rigen la concesión de las subvenciones las impuso el Estado y, según denuncian los potenciales beneficiarios y las autonomías, son tan restrictivos los requisitos que el dinero no está llegando.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció ayer que está diseñando una “aclaración” al decreto de ayudas directas para que las comunidades autónomas, si lo desean y tienen aún recursos disponibles, puedan lanzar una convocatoria adicional a fin de llegar a más pymes y autónomos. Pero no dio más detalles al respecto. De si se trata solo de una ampliación del plazo o de cambios en los criterios.
En el caso de Galicia, el Estado transfirió a la Xunta 234 millones de euros. Transcurrido el primer plazo para solicitar las ayudas –hasta el 15 de julio–, el plan de rescate apenas tuvo incidencia, por lo que el Ejecutivo gallego amplió la convocatoria hasta el 30 de este mes. Pero ni aún así se ha obtenido una mejoría destacable en la respuesta de empresarios y autónomos. A día de hoy, la Xunta ha tramitado unas 5.300 peticiones por importe de 84 millones de euros. Esto significará que a 31 de diciembre, la Xunta tendría que devolver al Estado 150 millones de euros porque otro de los requisitos impuestos es que el dinero que no se gaste en ayudas se reintegrará a las arcas estatales.
La causa del “pinchazo” del rescate es que la tramitación requiere una alta carga burocrática por parte de las empresas y las subvenciones tienen que destinarse en exclusiva a satisfacer pagos con proveedores y acreedores, financieros o no. No vale, por tanto, que solo haya bajado la facturación o que un autónomo o empresa tuviera que echar mano de sus reservas para subsistir, sino que debe acreditar la existencia de deudas.
La “aclaración” de Nadia Calviño de permitir una convocatoria adicional para ampliar el impacto del plan de rescate se produce después de que las cinco autonomías del PP (Galicia entre ellas) reclamaran una rectificación de los restrictivos requisitos y las pequeñas empresas y autónomos se quejaran de que las ayudas no están llegando porque solo se conceden a aquellas que tienen facturas pendientes y no a las que tienen pérdidas por el COVID pero no son morosas
En declaraciones a Telecinco, Calviño respondía que los criterios establecidos son los que figuran en las leyes de subvenciones y precisó que lo que se pide para acceder a estas ayudas es acreditar que ha caído la facturación como consecuencia del COVID y que existen deudas pendientes, facturas de suministros o deudas financieras o que la empresa ha tenido pérdidas y que los socios las han asumido.
“Estamos preparando una aclaración de este real decreto-ley para que las comunidades autónomas que tengan recursos y que quieran sacar una convocatoria adicional lo puedan hacer y puedan ejecutar (estas ayudas) al máximo de aquí a final de año”, subrayó.
Calviño reconoció que el ritmo en la concesión de estas ayudas está variando mucho en las distintas comunidades, que algunas van más rápido que otras, pero insistió en que el Gobierno está dispuesto a apoyar a aquellas regiones que están concediendo las ayudas de forma más lenta.
La semana pasada Calviño ya anunció que el Gobierno había solicitado a Bruselas extender el marco extraordinario de ayudas públicas de respuesta al COVID más allá del 31 de diciembre para poder ampliar el plazo de las ayudas directas para pymes y autónomos ante los retrasos existentes en algunas comunidades.
