La escalada del precio de la luz de este mes, a falta de que llegue al bolsillo de los consumidores, sitúa de nuevo la energía en el centro del debate político, pues su encarecimiento amenaza con torpedear la recuperación de miles de empresas y ciudadanos ahora que la quinta ola de COVID-19 comienza a amainar. Coincidiendo con este año en que la generación de megavatios sube como la espuma, los litigios de los clientes con las compañías eléctricas se han disparado, batiendo el récord del último lustro. Cada mes se presentan ante Consumo una media de 237 reclamaciones, lo que supone un 70% más que el año pasado, marcado por la pandemia, y un 18% más que en 2019.
El Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC) es el encargado de tramitar las quejas de los clientes por supuestos abusos empresariales, vinculados a encarecimientos del servicio o deficiencias en este. Sirven sus registros de termómetro de la conflictividad en el mercado entre clientes y compañías. Las firmas dedicadas a la telefonía y las eléctricas y energéticas copan habitualmente el primer y segundo puesto, respectivamente.
Durante los cinco primeros meses del año, el precio de la generación de electricidad se mantuvo más o menos estable hasta que comenzó una escalada de precios en mayo que se aceleró en agosto, batiendo récords varias veces a la semana. En breve llegará a los recibos de los consumidores. y, por tanto, a su bolsillo.
Este hecho coincide en el tiempo con el aluvión de quejas ante Consumo por supuestos abusos de las eléctricas. En los ocho primeros meses del año, se registraron 1.901 reclamaciones por este concepto, lo que supone una media de 237 al mes, lejos de las 137 mensuales del año pasado y de las 200 de 2019. Para encontrar una cifra más abultada hay que remontarse a 2015, cuando la media fue de 345: 4.141 durante todo el año, según los datos del IGCC, dependiente de la Consellería de Economía e Industria.
Este repunte contrasta con el comportamiento general de este tipo de protestas, que sumaron hasta el 31 de agosto pasado 12.057 expedientes. Suponen 1.507 al mes, por encima de los 1.370 del año pasado (un total de 16.443), pero por debajo de los 1.572 de 2019 (un total de 18.865).
Telefonía
Telefonía y telecomunicaciones siguen al frente de las protestas, vinculadas a dificultades para romper contrato con alguna compañía o recibir el servicio acordado. Copan el 27% del total este año con 3.272. Tras la electricidad (15,8%), siguen en la lista industrias manufactureras (1.423), aparatos electrónicos, eléctricos y ópticos (810), sector financiero (717) y automoción (704), según el balance provisional de estos ocho primeros meses del IGCC.
Multas: 2,2 millones
Esta conflictividad contrasta con el descenso de las sanciones abiertas por ese órgano. Estas no corresponden siempre con los procesos anuales ni significa que las compañías que han cometido el supuesto abuso tengan que pagarlas al completo, pues conllevan un plazo de alegaciones que permite no solo dilatar el proceso, sino mitigar los castigos. Los 506 expedientes abiertos este año supondrían un castigo de 2,2 millones de euros de cobrarse en su totalidad.
Aunque las quejas por telefonía casi doblan a las de electricidad, las tornas se igualan al abordar los castigos. En estos ocho meses, Consumo inició los trámites para multar en 81 casos a las empresas del primer sector (16%), frente a los 67 de la segunda. La Consellería de Economía no detalla la cuantía de cada expediente, pero las cifras de las eléctricas se sitúan por debajo de la media de 2020 (83 al mes) y de 2019 (131). Es decir, este año aumentó la conflictividad, pero disminuyeron las sanciones.
La automoción protagoniza 48 expedientes de multa, seguido de los 44 de aparatos electrónicos, eléctricos y ópticos y los 29 de salud y estética, apartados destacados dentro de las estadísticas del Instituto Galego do Consumo e da Competencia.
