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Galicia podrá usar por primera vez fondos europeos para combatir la despoblación

Una aldea en Los Ancares, Lugo

El declive demográfico no es un fenómeno aislado en Europa. Cierto que hay países –o más bien regiones– que lo sufren más que otros, significativamente en el sur y el este de la UE, y a pesar de que Bruselas lo considera un desafío, hasta este año nunca había incorporado la opción de financiar con fondos europeos planes y proyectos específicos contra la despoblación.

El reglamento del programa Feder incorporó en julio la posibilidad de financiar proyectos específicos contra el declive demográfico que las regiones de la UE deben ahora definir

Desde el pasado mes de julio –aunque la negociación viene de largo–, el reglamento del Fondo de Desarrollo Regional (Feder) permite estos nuevos usos de los recursos, lo que supone que por primera vez Galicia, junto con otras regiones europeas en la misma situación, puedan utilizar fondos europeos para combatir la regresión demográfica.

Lo que ha hecho Bruselas es abrir la puerta a nuevos objetivos y darle carácter prioritario a estas actuaciones, pero ahora son los Estados miembros y, singularmente, las comunidades autónomas las que tienen que presentar ante la UE los proyectos concretos –sus respectivos programas operativos– que aspiran a financiarse con el Feder, de los que apenas ha trascendido nada por el momento. Para el actual periodo presupuestario (2021-2027), el Fondo de Desarrollo Regional reportará a Galicia unos 2.000 millones de euros, de los que tendrían que salir, si la Xunta así lo quiere, la financiación para aquellos proyectos y políticas específica destinadas a combatir la despoblación.

Uno de los actores que ha estado detrás de esta incorporación al reglamento del Feder es el gallego Serafín Pazos-Vidal, jefe de la Oficina de Bruselas de la Convención de Autoridades Locales Escocesas. “Lo que se ha hecho ahora es definir el problema del declive demográfico y habilitar fondos específicos, por primera vez, para revertirlo”, explica en conversación telefónica desde Bruselas.

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Añade que la definición es lo suficientemente “flexible” para que se pueda aplicar a provincias enteras, ayuntamientos o comarcas, si bien, precisa, son las administraciones autonómicas y nacionales las que tiene que determinar a través de sus respectivos programas operativos –que no guardan relación con los Next Generation–, qué se hace y cuánto dinero se quiere invertir. En todo caso, la elaboración de estos programas va con retraso y que los criterios entrasen en vigor el pasado mes de julio, tampoco ayudaron a dar agilidad al proceso.

De todas formas, la UE tampoco ha cerrado aún la redacción técnica de los términos, que con carácter general consideran zonas con riesgo de despoblación aquellas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o que hayan registrado un descenso demográfico interanual de más del 1% entre los años 2007 y 2017.

Pazos-Vidal apela a la concreción y colaboración entre las administraciones autonómica y locales para presentar las iniciativas, intentando que las actuaciones sean integrales y que afecten a la mayor superficie de territorio posible. Intervenir con propuestas aisladas o limitar el campo de acción de unos pocos concellos sería un error, a su juicio.

Según un estudio de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), entre los años 2000 y 2020, nada menos que 243 ayuntamientos de la comunidad han perdido población, mientras que solo han ganado habitantes 70. Esto da una idea bastante clara de la evolución demográfica de Galicia en lo que va de este siglo.

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