El plan para cobrar por el uso de las autovías vuelve a estar sobre la mesa del Ministerio de Transportes. El anterior titular de esta cartera, José Luis Ábalos, había reculado tras la polvareda que suscitó el anuncio hace unos meses de imponer un pago en toda la red viaria y matizó que esta medida solo se implantaría con el consenso de las fuerzas políticas y con el sector del transporte. Sin embargo, la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recuperará en el inicio del curso político el debate sobre este plan, con el que se busca una fórmula para obtener la financiación necesaria para costear el mantenimiento de la red viaria.
El cobro por uso en autovías y carreteras a partir de 2024 estaba incluido en un documento remitido por el Gobierno a Bruselas la pasada primavera. Tras el rechazo inicial, el Ministerio de Transportes considera que las aguas están ahora más calmadas y retomará el tema. Aseguran que buscarán el consenso entre las fuerzas políticas, las administraciones y los agentes sociales para resolver el déficit de conservación que arrastra la red viaria.
Su intención es que, en un principio, se cobre solo por los 12.000 kilómetros de las vías de gran capacidad (autopistas, autovías y carreteras multicarril) de la red estatal, aunque su intención es que en un futuro se extienda al resto de vías que dependen de otras administraciones como las autonómicas.
El Gobierno trasladó el pasado mayo en el Congreso que barajaba cobrar un céntimo por kilómetro. Viajar de Vigo a Madrid con una distancia de 500 kilómetros, supondría un coste de 5 euros. Entre Vigo y Ourense por la A-52 saldría a cerca de 1 euro.
Y mientras Transportes se plantea cobrar por circular por autovías y vías de alta capacidad, paradójicamente a partir de mañana quedarán libre de peajes varios tramos de las autopistas AP-2 y AP-7 en Cataluña y Aragón tras finalizar su concesión. Son más de 500 kilómetros que empezarán a ser gratuitos.
Concesiones
Con el levantamiento de estos peajes, Galicia se convierte en la autonomía con más kilómetros de autopistas de pago. De hecho, el Noroeste copa los peajes más duraderos de España, entre ellos la AP-9 y la AP-53 entre Santiago y Alto de Santo Domingo. Ambos agotan el tope legal de 75 años de concesión.
Únicamente tres tramos de toda la red nacional lo han estirado hasta ese límite y todos están en Galicia y Asturias. La autopista asturiana del Huerna comparte el agravio con las dos gallegas. El periodo de pago pactado es invariablemente más corto en todas las demás autopistas de España, tanto en las que siguen en servicio como en las que han consumido su vigencia.
No tendría por qué haber sido así, o no al menos a la vista de la duración inicial de las concesiones. De hecho, la AP-9 es la autopista de España al a que más años de peaje han añadido, con 36 años por encima de los inicialmente programados y el final previsto en 2048.
Esta autopista tendría que haberse liberado de peajes en 2012 y ser gratis para todos los usuarios. Pero su concesión sufrió dos prórrogas. La primera la firmó el socialista Josep Borrel como ministro en 1994 y supuso prolongar los peajes hasta el 2023. Después, en el año 2000, con el popular José María Aznar en el Gobierno sufrió una nueva ampliación hasta el año 2048.
En el caso de la AP-53 se firmó una concesión por 75 años, lo que supone que no se levantarán las barreras hasta el año 2074.