Las batidas de jabalíes sin límite de ejemplares y con la posibilidad de cazar crías y hembras están permitidas desde ayer en 198 concellos gallegos como medida para controlar la población de esta especie y limitar los incidentes que causan sobre la agricultura, la ganadería, los montes o la propia caza. El sindicato Unións Agrarias eleva esos daños a 12 millones de euros.
La declaración de emergencia cinegética temporal estará vigente hasta el 27 de febrero de 2022 en 29 comarcas de las cuatro provincias gallegas. Se trata de la segunda ocasión en la que la Xunta recurre a este instrumento recogido en la Lei de Caza y que se aplica de forma provisional y con carácter extraordinario, según alegó el Ejecutivo, cuya autorización fue publicada ayer por el Diario Oficial de Galicia.
La medida se extiende por 198 de los 313 ayuntamientos gallegos: ocho en Pontevedra, -50 en A Coruña, 53 en Lugo y 87 de Ourense, que suponen el 68,4% de la superficie total de Galicia, donde estará permitido abatir o capturar jabalíes sin límite de ejemplares.
La Xunta explicó en un comunicado que se da prioridad a la caza de hembras adultas y subadultas para frenar la reproducción de la especie, que en los últimos tiempos han protagonizado incluso escenas en zonas urbanas. Los cazadores también podrán abatir crías y hembras seguidas de crías, siempre que exista una autorización especial de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, informa Europa Press.
La declaración de la emergencia cinegética también conlleva la habilitación en las zonas afectadas de una serie de herramientas que buscan “contribuir al control de las poblaciones de jabalí” como la ampliación de los períodos de caza y la habilitación de días extraordinarios para ejercerla o el uso de medios como visores ópticos, detectores electrónicos de paso y cebos de grano o frutos.
Asimismo, los propietarios afectados por la presencia de jabalíes podrán recibir autorización para realizar esperas para dar caza a estos animales en terrenos de régimen cinegético especial, bien ellos mismos o a través de terceros.
La Xunta sustenta su decisión en que las “circunstancias extraordinarias” hacen necesario articular estas medidas excepcionales para “eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones”. Aunque la declaración se extenderá, con carácter general, hasta el 27 de febrero del próximo año, podría quedar suspendida “en su conjunto o en parte” en el caso de que se constante “que desaparecieron las causas” que motivaron su aplicación.
La primera experiencia de este tipo tuvo lugar en 2019 en 33 ayuntamientos de cuatro áreas distintas (Betanzos-Eume, Terra Chá, Viana y Deza) y dejó, según la Xunta, “buenos resultados” con un descenso de los avisos de casi el 30%.
La medida no fue bien acogida por el sindicato Unións Agrarias, que la consideran “un parche para ganar tiempo” por parte de la Consellería de Medio Ambiente. “No va al fondo del problema”, alegó mediante un comunicado, criticando que se deje en manos de los cazadores el control de los jabalíes.
La asociación animalista Libera elevó el tono contra la “locura científica” de la Xunta, que “no incluye ningún plan de refuerzo” de las inspecciones para evitar desmanes o que se cacen otras especies como el lobo. También alertaron de que se limitará el acceso familiar a zonas de monte.
