Los primeros médicos contrarios a practicar eutanasias en hospitales gallegos ya han comunicado al Sergas que serán objetores de conciencia y no darán ayuda para morir a aquellos pacientes que lo soliciten en virtud de los supuestos que contempla la Ley de eutanasia, que entró oficialmente en vigor el pasado 25 de junio.
Aunque no detallan cuántos son exactamente ni de qué hospitales proceden las renuncias por una cuestión de protección de datos, desde la Consellería alegan que aún así “existen todas las garantías para que se cumpla la ley”. España en uno de los seis países en los que el suicidio asistido es legal.
Unas 13 personas al mes solicitarán ayuda para morir en Galicia valiéndose de esta legislación, según un cálculo basado en los estudios de los que actualmente disponen en la asociación Derecho a morir dignamente (DMD), elaborados en base a la experiencia dada en los países europeos que ya lo han regulado.
Es decir, unas 156 personas al año. Tomando como referencia un año prepandemia, como 2019, en el que las muertes anuales por causas naturales en Galicia ascendieron a 31.268, el 0,5% serían 156.
La legislación reconoce el derecho a la objeción de conciencia, comunicándolo por escrito y de manera anticipada.
Con esta información, las administraciones sanitarias crean un registro de profesionales sanitarios objetores. Si bien, la norma indica que el acceso y la calidad asistencial de la eutanasia no podrá resultar “menoscabada” por el derecho a la objeción de conciencia.
La ley de eutanasia regula la prestación de ayuda para morir en ciertos supuestos y entre quienes sean “capaces y conscientes” cuando formulen la solicitud.
Antes de que existiese esta normativa, sin embargo, los ciudadanos ya podían dejar constancia hasta cierto punto de su “voluntad sobre los cuidados y tratamientos que podría precisar en el futuro y sobre el destino final de su cuerpo” para que sus deseos sean tenidos en cuenta y respetados llegado un momento en que carezca de capacidad para manifestarlos, como explica en su web el Sergas al describir el documento de instrucciones previas, que ya han activado más de 12.200 gallegos, de ellos más de 600 en el primer semestre de 2021.
En ese documento ya se podía indicar, por ejemplo, el deseo de que al declarante no le sean aplicadas técnicas de soporte vital u otras dirigidas únicamente a prolongar su supervivencia o explicitar la voluntad de “no prolongar la vida en sí misma en situaciones clínicamente irreversibles”, como consta en uno de los modelos colgados por la Consellería de Sanidade en internet. La pandemia y sus imprevisibles consecuencias sobre la salud han dado un impulso a los testamentos vitales en Galicia.
Una media de 47 personas por semana se ha animado a dejar constancia por escrito de sus voluntades médicas desde el inicio de la pandemia.
La eutanasia puede plantearse solo con la resolución positiva de la Comisión de Garantía y tras pasar un protocolo que establece realizar dos peticiones por escrito, separadas por 15 días. En el caso de que el paciente se encuentre consciente, este podrá comunicar al personal sanitario la modalidad en la que quiere recibir la eutanasia.
Después, el médico responsable deberá acompañar a la persona hasta el momento de su muerte, si se realiza en un centro sanitario, y manteniendo la “debida tarea de observación y apoyo” hasta su fallecimiento si se realiza en el domicilio. Y se considerará una muerte natural a todos los efectos.
1 Dos peticiones por escrito
La persona que desee que le ayuden a morir deberá presentar dos peticiones por escrito, separadas por 15 días. El proceso deliberativo se repetirá con ambas y si el proceso sigue adelante, el médico deberá comunicarlo al “equipo asistencial
2 El plazo puede durar 35 días
En total, la ley marca que entre la petición inicial y la práctica de la eutanasia pasarán en torno a 35 días, pero podría acortarse.
3 ¿Cómo se aplica la eutanasia?
Solo con la resolución positiva de la Comisión de Garantía se podrá eutanasia al paciente “con el máximo cuidado y profesionalidad”.
