La comodidad de muchos caseros y el desconocimiento de otros les lleva a tener que afrontar el pago de multas por no depositar la fianza que les exigen a sus inquilinos en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). En los primeros seis meses del año, la Xunta abrió 136 expedientes sancionadores, una media de cinco a la semana, frente a los 222 iniciados en todo 2019, en el año prepandemia, lo que supone un aumento del 22%. Este volumen de infracciones detectadas se queda muy encima de las registradas hace cinco años. Entonces fueron 112 en todo 2016, lo que deja un aumento en el año posCOVID de casi un 140%, según datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Históricamente eran las Cámaras de la Propiedad Inmobiliaria las que ejercían la labor de depositarias de las fianzas que los inquilinos entregaban a los propietarios de viviendas y locales como señal para cubrir cualquier desperfecto que pudieran causar en la propiedad. Pero con el traspaso en 2011 a la Xunta de la normativa sobre control de edificaciones y viviendas y con ella la de las fianzas de los alquileres, la Administración gallega se convirtió en depositaria de esas fianzas. El arrendador que no cumpla con esta obligación legal se enfrenta a multas de entre 300 y 3.000 euros, que no podrán ser inferiores al doble de la fianza que se debe entregar.
En solo los primeros seis meses del año, la Xunta abrió 136 expedientes sancionadores a propietarios por no entregar las señales exigidas a sus inquilinos. De estos procedimientos, ya fueron resueltos 113 un importe de las sanciones de 72.775 euros, lo que se traduce en una media de 650 euros cada multa.
La evolución de los procedimientos abiertos en los últimos cinco años a caseros que no depositan la fianza de arrendamiento ante del IGVS revela un mayor rastreo por parte de los técnicos de la Xunta. La mayoría de los casos detectados se originan al cruzar los datos de los propietarios con los de los inquilinos que declaran el arrendamiento en la renta para tener derecho a desgravaciones en el tramo autonómico. En relación a 2019, el año previo al estallido de la pandemia –por el parón de toda actividad no esencial durante el estado de alarma las estadísticas de 2020 no son representativas para analizar la tendencia–, los casos detectados repuntaron más de un 22%: 222 en todo 2019 frente a los 136 del primer semestre de 2021. De los expedientes abiertos, en el año previo al COVID se resolvieron 171, que derivaron en multas por un importe total de 126.372 euros, lo que supone una media de 740 euros de sanción a cada propietario. En esos primeros seis meses de 2021, el IGVS finalizó 113 procedimientos, cuyas sanciones rozaron los 73.000 euros, lo que se traduce en una caída del desembolso medio por cada infracción del 12% respecto a 2019.
Regulación
Fue hace diez años cuando el Ejecutivo gallego dio un impulso a este modelo que exige el depósito de la fianza ante el IGVS con una nueva regulación autonómica más detallada y que además supuso la entrada en escena de una campaña de difusión sobre la obligación legal de entregar las señales que deja el inquilino, y posteriormente, la intensificación de los controles.
A día de hoy, el importe de las fianzas entregadas a la Xunta alcanza los 152,2 millones de euros. En el primer semestre de este año, fueron depositadas un total de 20.165 señales de arrendamiento –una media de 110 cada día– por un valor que roza los 14 millones –lo que se traduce en un importe medio de cada renta entregada de 700 euros–.
En los últimos cinco años, el IGVS ingresó en fianzas de alquileres 128,7 millones de euros por un total de 203.028 arrendamientos –un importe medio por depósito de 630 euros–. Del periodo 2016-2020, el año 2019 fue el que concentró el mayor volumen de fianzas entregadas ante el IGVS: casi 45.000 con un importe total que rozó los 29 millones de euros. En el extremo opuesto de la balanza se coloca 2016, con 35.429 señales de alquiler depositadas por un valor que rozó los 22,3 millones.
En este último lustro se produjo una tendencia al alza en el número de entregas de fianzas por parte de los caseros, con la excepción de 2020, año marcado por la crisis del COVID, que paralizó durante los tres meses del estado de alarma a prácticamente todas las actividades y sectores.
En 2020 se registraron 40.369, cuyo importe fue de 25,69 millones de euros. Se trata de la tercera cifra más baja del periodo, por detrás de 2016 y 2017, los únicos ejercicios de estos últimos cinco años que se quedaron por debajo de las 40.000.
Plazo de 30 días desde que se firma el contrato
Han pasado ya diez años desde que la Xunta aprobó un decreto para regular el depósito de fianzas de los alquileres en suelo urbano, con novedades tanto para adaptarse a la Lei de Vivenda de 2008 como para agilizar trámites burocráticos. Con este decreto, se faculta al Ejecutivo gallego para disponer de la bolsa de dinero que generan las fianzas, de donde puede detraer el 70% para financiar promociones de vivienda pública. Eso sí, al final esos importes los tiene que devolver a los dueños de los inmuebles alquilados, pero sin interés alguno. Exactamente la misma cantidad que entregó al inicio del contrato y que si el inmueble arrendado no tiene desperfecto alguno ha de ser devuelto al inquilino. ¿Cuál es el importe de la fianza? Para los alquileres de viviendas de una duración de un año o más es el equivalente a una mensualidad. En caso de que el arrendamiento sea inferior a un año, la señal equivale a la parte proporcional de dos meses. Para inmuebles destinados a otros usos que no sea el residencial, la fianza es la equivalente a dos mensualidades. El plazo del que dispone el propietario para entregar el depósito en el IGVS es de un mes a partir de la fecha de la firma del contrato. Una vez finalizado el contrato de arrendamiento, Vivenda tiene un plazo de 20 días para hacer la devolución de la fianza.
