La Xunta ha puesto ya en marcha su reforma para modernizar la administración y hacerla más eficiente. Para ello, además de medir la carga laboral de los empleados públicos acogidos a la modalidad del teletrabajo y a la simplificación de trámites administrativos, el Gobierno gallego realizará periódicamente auditorías internas para detectar “deficiencias y duplicidades” en el funcionamiento de los distintos departamentos de la Administración autonómica. Y además evaluará la calidad del trabajo en el sector público autonómico y en la prestación de servicios mediante encuestas a los ciudadanos para sondear su grado de satisfacción.
“El objeto es conseguir una administración pública gallega eficaz, eficiente y orientada a la prestación de servicios de calidad”, explica la Consellería de Facenda.
Para acometer esta tarea la Xunta recurrirá al apoyo de una empresa externa que se encargará de identificar las deficiencias en el funcionamiento de la administración gallega, así como a elaborar planes de mejora. La adjudicataria propondrá metodologías de trabajo que sirvan para aumentar la eficacia del sector público y definirá los indicadores que se usarán para hacer un seguimiento de la calidad de los servicios que se prestan.
Teletrabajo
La firma contratada se encargará también de recoger “los datos, analizar la información y elaborar los informes” para medir la carga laboral de los empleados públicos acogidos al teletrabajo. A raíz de la pandemia, Xunta y sindicatos firmaron un acuerdo para regular el trabajo desde casa que ya establecía que el personal que ejerza sus funciones bajo esta modalidad estará sometido a partir de 2022 a vigilancia por parte del Gobierno gallego. Y para controlar que cumplen sus tareas diarias se fijarán una serie de objetivos.
El contrato que acaba de licitar la Consellería de Facenda, por un valor de 60.000 euros ampliable a 100.000 euros si hay prórrogas, incluye precisamente la definición de estos estándares de funcionamiento que deberán cumplir los empleados públicos.
Además la Xunta quiere establecer sistemas que permitan medir la calidad del trabajo en la administración pública y para ello aboga por “evaluar las demandas ciudadanas a través de estudios sobre su grado de satisfacción”.
A estas actuaciones se añadirán los trabajos para simplificar y agilizar los trámites administrativos. La empresa contratada dispondrá hasta el 1 de septiembre de 2022 para completar esta tarea que permitirá modernizar la Administración autonómica.
Subvenciones sencillas que no requieran conocimientos técnicos
Reducir burocracia y simplificar los procedimientos administrativos es uno de los objetivos de la reforma del sector público que impulsa la Xunta y para la que acaba de licitar el contrato para conseguir el apoyo de una empresa externa. La adjudicataria deberá revisar el marco existente de subvenciones y proponer formularios tipo para cada categoría que “minimicen el grado de conocimiento funcional o tecnológico necesario para su uso”. La idea es que las órdenes que regulan las subvenciones dejen de ser tan complejas y sean accesibles a todo el mundo. También se busca racionalizar trámites y eliminar carga burocrática. Para ello se propone suprimir la petición de documentación innecesaria que ya está en poder de la Administración en los procesos de convocatorias de subvenciones. Se proseguirá además con la digitalización de aquellos procedimientos administrativos que aún no están disponibles en sede electrónica. El contrato que acaba de licitar la Xunta servirá también para determinar medidas que incrementen el nivel de transparencia en los datos de la Administración gallega.
