La crisis sanitaria del COVID ha puesto en tela de juicio el actual modelo de residencias. Grandes geriátricos, más parecidos a un hospital que a un hogar, situados en zonas aisladas y con modelos de atención rígidos deben de quedar en el pasado.
La Xunta está preparando ya su propia reforma de estos centros pero además ha suscrito el documento de mínimos pactado entre Gobierno y comunidades que fija los criterios comunes que deben cumplir los servicios de atención a dependientes. Las residencias deben diseñarse como “un hogar” con unidades de convivencia formadas por un grupo reducido de mayores que serán agrupados por su afinidad y no por su grado de fragilidad o dependencia. Tendrán acceso a su propia sala de estar, comedor, aseo y cocina. Podrán llevar sus muebles y sus pertenencias de casa y el centro respetará sus rutinas y horarios. No se les impondrán normas rígidas y uniformes solo para mejorar la organización del centro.
“Se trata de ir hacia un sistema que promueva la atención centrada en la persona, con un enfoque desinstitucionalizador”, explica el documento del Ministerio de Derechos Sociales suscrito por todas las autonomías, salvo Cataluña. Desde la Consellería de Política Social explican que han apoyado estas bases porque van en la línea de lo que está haciendo la Xunta. Eso sí, advierten que este plan deberá ir acompañado de financiación. Ahora se abre un proceso en el que se irán negociando las mejoras con más detalle. El objetivo es tenerlo listo antes de final de año. De entrada, estos son los requisitos mínimos que deberán cumplir las residencias, tanto de nueva creación como las ya existentes:
Cada dos años se medirá la calidad de vida de los usuarios y se harán públicos los resultados
Para los familiares de los mayores ingresados en una residencia es difícil saber qué ocurre de puertas para adentro. ¿Estarán bien tratados? El documento pactado por Gobierno y comunidades para mejorar el modelo de geriátricos establece que al menos cada dos años se hará una evaluación de la calidad de vida de los residentes cuyos resultados serán públicos. Pero no se tratará solo de medir la atención desde el punto de vista asistencial e institucional sino de evaluar “la calidad de vida de las personas”. La evaluación se realizará mediante la recogida de evidencias pero también con encuestas de satisfacción a las personas residentes y a los familiares. Este examen permitirá además concretar planes de mejora en cada centro. En cuanto a los recursos humanos, se advierte que existe “una infravaloración social” de los trabajos de cuidados, con una alta temporalidad y parcialidad en las contrataciones y salarios bajos. El documento aboga por una mayor cualificación de los trabajadores y mejoras en las condiciones laborales. Se evitarán las rotaciones excesivas para promover que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de usuarios de forma estable. Se les facilitará un uniforme que no responda a un modelo hospitalario (bata blanca). Además cada mayor y su familia tendrán un profesional o grupo de profesionales de referencia. Se establecerá una ratio adecuada que se medirá calculando las jornadas completas dedicadas por cada 10 residentes. Cada mayor tendrá un médico de referencia en atención primaria y habrá órganos de coordinación entre el centro y el ambulatorio.
