Los ánimos llegaron caldeados a la Conferencia de Presidentes de ayer en Salamanca, el primer cara a cara que se celebra entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los mandatarios autonómicos desde el pasado mes de octubre. Y seis horas de reunión no sirvieron para sofocar este clima de tensión. Los barones populares llegaron a la cita con quejas sobre el “trato preferente” que el Ejecutivo central está prestando a Cataluña y País Vasco y con la demanda de más vacunas y una “mayor capacidad de decisión” sobre los fondos europeos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó desactivar las críticas con dos anuncios: más vacunas –3,4 millones en agosto– y la cesión a las comunidades autónomas del 55 por ciento de los 19.000 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación que llegarán este año a España.
Esto supondrá dejar en manos de las autonomías 10.500 millones de euros. En su reparto se tendrán en cuenta distintos criterios que aún no se han concretado. La distribución de estas partidas se abordará, de hecho, el próximo lunes en la comisión sectorial de los fondos Next Generation que presidirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y además, según recordó Pedro Sánchez, las comunidades tienen a su disposición también el 43 por ciento de los 24.197 millones de fondos europeos ya presupuestados este año.
El otro gran anuncio fue la llegada en agosto de 3,4 millones de dosis de Pfizer para “avanzar” en la vacunación. De esta manera se pasará de 13 millones de vacunas administradas a 16 millones el próximo mes. Con este incremento el Gobierno asegura que cumplirá el objetivo de tener vacunada al 70 por ciento de la población antes de que termine agosto.
También en el orden del día de la cumbre estaba la lucha contra la despoblación. Pedro Sánchez se limitó a hacer balance del plan estratégico dotado de 10.000 millones de euros para abordar el reto demográfico: en tres meses, según dijo, ya se han iniciado tres de cada cuatro actuaciones previstas y hay reservados 3.000 millones para ponerlas en marcha.
A la Conferencia de Presidentes acudieron todos los presidentes autonómicos, salvo el catalán, Pere Aragonés. Aunque el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, amagó con no acudir a la cita, finalmente se sumó a la cumbre tras pactar con el Gobierno la cesión de la gestión en la recaudación de tres impuestos. Esto provocó la reacción airada de los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se quejó de un “trato cada vez más asimétrico” a las comunidades. Pero la más dura fue la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que tildó de “desleal” al Gobierno. El presidente andaluz, Juanma Moreno, advirtió que “bajo ningún concepto” permitirán privilegios al País Vasco o Cataluña. Urkullu lo niega: “no vengo a la Conferencia por prebendas”.
Los barones populares reclamaron un reparto “justo” en los fondos europeos. “Vamos a exigir igualdad de trato”, señaló el murciano Fernando López Miras. Andalucía, Galicia, Castilla y León y País Vasco reclamaron gestionar la mitad de las partidas que vengan de Europa. El anuncio de Sánchez no les pareció suficiente. El presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, reclama que la cesión del 55 por ciento a las comunidades se mantenga hasta 2024.
En cuanto a la crisis del COVID, comunidades como Andalucía, País Vasco, Aragón, Galicia o Canarias piden una ley nacional para gestionar la pandemia. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, reclamó que la vacuna sea obligatoria, y el socialista Guillermo Fernández Vara que se imponga el uso de mascarillas el próximo invierno para contener otros virus.
