Más de diez mil firmas, muchas de ellas de trabajadores temporales de la Administración, han logrado llevar al Parlamento gallego –a través de una proposición de Ley de iniciativa popular – el debate sobre la fijeza de sus puestos; es decir, lograr ser fijos tras un concurso de méritos pero sin pasar una oposición.
La representante gallega del área de Empleo Público de la Central Unitaria de Traballadores (CUT), Andrea Estévez, defenderá ante la cámara una proposición no de Ley que forzará a partir del mes de septiembre a posicionarse a las distintas formaciones del arco parlamentario sobre esta extraordinaria consolidación de empleo.
“Queremos abrir el debate sobre esta cuestión en Galicia y que llegue a la opinión pública, porque creemos que está un poco oculto y pretendemos que los partidos políticos tomen postura, ya que fue la Administración quien provocó esta situación”
. Cuentan con el espaldarazo de que acaba de aceptarse en Madrid la fórmula del concurso de méritos para personas con más de diez años de antigüedad o “cualquier otro mecanismo legal y válido que prime la consolidación de empleo”. La principal diferencia entre el concurso de méritos que solicitan y una oposición, radica en que la primera de las pruebas puntúa la antigüedad en el desempeño del empleo.
“Queremos socializar el problema”, defiende la portavoz. Asimismo, aplaude cómo la sociedad respondió. La ILP se empezó a tramitar en marzo, con una campaña de recogida de firmas. “Un trabajo inmenso para un sindicato pequeño”, reconocen desde la fuerza sindical, que requirió movilizar muchas voluntades. “Para nosotros, la única vía de consolidación que veíamos fija era un concurso de méritos restringido”, avanza Andrea Estévez. La promotora de la iniciativa asegura que el colectivo de temporales de la Administración pública se encuentra “en fraude de ley” y la fórmula del concurso de méritos se reconoce en la legislación “para casos extraordinarios como el nuestro”. “Es la salida a este conflicto de manera rápida. De forma que nadie tenga que judicializar su caso si no tiene recursos económicos o las herramientas para hacerlo; sobre todo, en el caso del funcionariado, que va por lo Contencioso y se demoraría”, añade.
De todos modos, esta proposición concita apoyos y detractores. Algunas de las plataformas que en la actualidad se manifiesta por la fijeza ya manifestó su rechazo por incluir el concurso de méritos como vía de acceso.
Dos mil interinos, a concurso
El decreto ley sobre interinos, que validó el Congreso a principios de este mes incluirá una enmienda que facilitará al personal temporal de las administraciones públicas convertirse en fijos si tienen más de 10 años de antigüedad y sin necesidad de oposición. Solo deberán superar el concurso de méritos.
En Galicia 2.000 interinos están en esta situación, según el dato que ofreció la Xunta recientemente. Eso sí, la ‘letra pequeña’ del decreto ley fija que sólo podrán acceder quienes hayan pasado 10 años de antigüedad y, además, hayan tenido una misma plaza. Ese último requisito complica enormemente la situación para muchos trabajadores gallegos afectados, que han pasado por infinidad de contratos.
El plan para reducir la temporalidad en el sector público fue pactado por Gobierno y sindicatos. El acuerdo contempla la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de tres años y una indemnización de 20 días para los que no superen el concurso. El objetivo es situar la tasa de temporalidad por debajo del 8%, para lo que se contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable”. En la Xunta, las plazas ocupadas por interinos o temporales suman casi 24.000, en torno a una cuarta parte de la plantilla.
El acuerdo se cerró recientemente y fue suscrito por CC OO, CSIF y UGT tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública e integrada por representantes de las comunidades y de los sindicatos más representativos, incluyendo a CIG y ELA, que no han dado su visto bueno al pacto.
Conocido vulgarmente como ‘Icetazo’, en alusión al ministro que propuso el plan, está pendiente de desarrollo. En Galicia, los partidos con representación parlamentaria deberán tomar partido ante la propuesta de ILP que promovió la CUT.
