La Xunta cuenta con una nueva herramienta legal para gestionar la pandemia y adoptar medidas restrictivas sin tener que buscar el continuo amparo del TSXG. La razón es que el Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión que pesaba sobre la mayor parte de las medidas previstas en la Lei de Saúde de Galicia para hacer frente a las crisis sanitarias. Eso sí, mantiene sin efecto la facultad que permitía a la Xunta imponer la vacunación obligatoria, la causa principal que llevó al Gobierno central a recurrir esta ley ante el Constitucional y a suspender su aplicación como medida cautelar.
Sin esperar a agotar el plazo, el TC ha emitido un auto que permite la entrada en vigor de todos los preceptos recurridos, salvo el relativo a la vacuna obligatoria, lo que es motivo de “celebración” para la Xunta a pesar de que hasta ahora “se negara a los gallegos garantías jurídicas para actuar en momentos decisivos de la pandemia”.
Amparo legal
Pero desde ya, a excepción de la vacunación, la normativa entra en su totalidad en vigor cinco meses después de ser aprobada y, de esta manera, la Xunta tiene un marco legal que le avala para ordenar cuarentenas obligatorias y confinamientos domiciliarios o de zonas, así como limitar grupos, afectando a derechos fundamentales.
El auto del Constitucional resuelve mantener en suspensión el precepto número cinco del apartado recurrido, esto es, el “sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas”. El ponente argumenta que la vacuna no es una medida preventiva contemplada en la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, que supone una interferencia en las personas que afecta directamente al derecho garantizado en el artículo quince de la Constitución y que se trataría de una medida irreversible que podría provocar perjuicios irreparables o de difícil reparación en caso de ir contra la voluntad del ciudadano.
Amplias facultades
Pero mientras que mantiene este precepto, levanta los otros seis puntos que recogía este mismo apartado, algo que la Xunta ha destacado. Concretamente, el Gobierno gallego podrá adoptar medidas de control del entorno inmediato de las personas enfermas o de las personas que hayan estado en contacto con ellas, así como de zonas afectadas. La Xunta también podrá adoptar medidas de control de las personas enfermas, como aislamiento domiciliario (cuarentenas), internamiento en centros hospitalarios o aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin. Además, la normativa habilita para someter a las personas enfermas a tratamiento adecuado y a pruebas diagnósticas y vigilancia de estado de salud.
Entre las medidas de control de personas y entorno, la ley de salud gallega expresa que se puede restringir la movilidad, la salida y entrada de determinadas zonas, restricciones de agrupaciones, “incluidas las reuniones privadas de no convivientes”, y medidas de cribado a sectores de la población.
Satisfacción
“Las restricciones a los desplazamientos y agrupaciones de personas nunca podrán ser absolutas, debiendo expresar con claridad y precisión los desplazamientos y agrupaciones que se restringen, actuando con preferencia sobre los desplazamientos y agrupaciones por razones meramente recreativas y de ocio”, apunta el texto legal que ahora tiene capacidad de aplicación el Gobierno gallego.
La Xunta se mostró “satisfecha” y recordó que solo mantiene la suspensión en la referencia a la vacunación, sobre lo que la Administración autonómica “siempre quiso llegar a una solución pactada” con el Gobierno central. De hecho, se creó una comisión bilateral para este fin y propuso un acuerdo al Ejecutivo de Sánchez “que nunca aceptó, ni siquiera cuando se les remitió una propuesta alternativa se les tuvo en cuenta”.
El vicepresidente primero, Alfonso Rueda, expresó su “satisfacción” por el auto que “llega en un momento adecuado para aplicar las medidas que se necesitan para luchar contra la pandemia” y reprochó que “lamentablemente” el Gobierno central “sigue negando una solución consensuada”.
