En el último momento, tras un empate y por un solo voto. Así salvaba ayer el Gobierno su propuesta para reducir la temporalidad en el empleo público. El Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto ley negociado por el ex ministro de Función Pública Miquel Iceta con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF in extremis gracias al acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y ERC, un pacto que pasa por dos concesiones: permitir acceder a su plaza sin oposición a interinos que lleven más de diez años en el puesto y dejar a las autonomías decidir si los exámenes son eliminatorios.
Estas modificaciones sobre el acuerdo se introducirán durante la tramitación de la norma como proyecto de ley, proceso que debería concluir a mediados del mes de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados, según defendió la nueva titular de la cartera de Función Pública, la también ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de defender ayer ante la Cámara el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, informa Efe.
Más de diez años, sin opositar
Según lo convenido, los interinos que lleven más de diez años ocupando de forma continuada una plaza estructural que no haya sido convocada en ese período pueden adjudicársela sin necesidad de pasar una oposición, sino simplemente a partir de una valoración de méritos, y además quedaría en manos de las autonomías decidir si los exámenes de estabilización son o no eliminatorios.
Respecto al primer punto, Montero explicó que a quienes lleven más de diez años en la plaza se les aplicará la excepcionalidad contemplada en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite seleccionar funcionarios de carrera solo a partir de un concurso de valoración de méritos.
Eliminatorios o no: una cuestión que decidirán las autonomías
En cuanto al segundo, que otorga a las autonomías potestad para decidir si los exámenes de estabilización que convoquen de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino son o no eliminatorios, se añade a otra posibilidad que ya preveía el decreto: que la valoración de la experiencia en el puesto pesara el 40% en el proceso de selección. El decreto de Iceta fija asimismo fija una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 meses, y la posibilidad de inclusión en bolsas de empleo específicas.
El acuerdo con Esquerra Republicana, cuyo apoyo fue determinante para sacar adelante la normativa, dado que el Gobierno llegaba al debate sin respaldos suficientes, incluye suprimir el plazo que estaba marcado para publicar y convocar los nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021, desplazándolo a cuatro meses desde que entre en vigor la futura ley. Por su parte, el decreto ley determina asimismo que las plazas, unas 300.000, deben estar adjudicadas antes de 2025.
El resultado ha sido reñido ya que la norma generó oposición hasta en socios de Gobierno, como Bildu, que votó en contra, como JuntsxCat, PdeCat, Ciudadanos, Vox y PP. Tampoco el BNG dio su sí. La negociación final también conllevó la abstención del PNV. Por su parte, CSIF, que firmó el decreto, pidió a los grupos garantizar la seguridad jurídica de la ley para que los procesos de estabilización “no sean tumbados en los tribunales”.
