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El Noroeste se conjura para negociar unido la financiación autonómica

Reunión, el pasado año, del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Reunión, el pasado año, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Kiko Huesca

El envejecimiento y la dispersión de la población, reivindicaciones claves para el reparto de fondos que figuran en la agenda de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria

Con la intención del Gobierno central de abrir “en los próximos meses” el debate sobre el modelo de financiación autonómica, las comunidades empiezan a moverse con más intensidad para fijar posiciones que apuntalen sus intereses. Las alianzas territoriales se van configurando. Como la que recientemente han anunciado Andalucía y Valencia para elaborar una propuesta conjunta. Pero en el Noroeste también existe otra, con algunos años de recorrido ya a sus espaldas, que de nuevo se ha conjurado para hablar con voz uniforme en el escenario de la nueva financiación autonómica. Galicia, Asturias y Castilla y León padecen problemas similares de dispersión poblacional y envejecimiento y quieren que los criterios de reparto de los fondos tengan en cuenta estas circunstancias. Al frente también se sumará Cantabria, con lo que serán cuatro comunidades pertenecientes a tres partidos distintos las que intentarán acudir a las negociaciones con una postura común.

Por tanto, más que ideológicos, los debates que se producirán serán de carácter territorial, por afinidades socioeconómicas y geofísicas entre autonomías. Como la alianza del Noroeste o la que ahora quieren formar Andalucía y Valencia. El presidente del Principado, Adrián Barbón, lo tiene claro, según indicó este pasado fin de semana en una entrevista a La Nueva España, del mismo grupo editorial que FARO DE VIGO: “Yo ya dije que ese debate sería entre territorios y no ideológico. Andalucía ha pactado con Valencia, pidiendo lo mismo que Madrid o Baleares. Aquí existía una alianza ya establecida con Castilla y León y Galicia, y la hemos ampliado a Cantabria. Somos regiones en una situación similar, por envejecimiento y dispersión, e incorporar al presidente Revilla es bueno en cualquier debate. Fijaremos nuestra posición común y no queremos atacar a nadie, sino la igualdad, para que vivas donde vivas la calidad de los servicios públicos sea la misma y eso no se consigue si la financiación se decide únicamente por población”.

La Xunta también pone en valor la trayectoria de esta alianza, una iniciativa que arrancó con el anterior presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, y en la que participa también Castilla y León y ahora se incorpora Cantabria.

Son muchos –y algunos muy técnicos– los elementos que entran en juego a la hora de repartir los recursos de la financiación autonómica. Pero el Noroeste reclama mayor peso de los criterios que tengan en cuenta el envejecimiento y la dispersión, dado que estas condiciones encarecen los servicios que se deben prestar al ciudadano si se quieren ofrecer con el mismo nivel de calidad que en otros territorios.

“Galicia entiende que se deben financiar los servicios públicos que atienden a las personas y que esta financiación debe ser por coste efectivo de esos servicios. Un coste que en algunas comunidades, como es el caso de Galicia o de Asturias, tal y como también señala su presidente, está condicionado de manera muy importante por el envejecimiento y la dispersión”, sostiene la Xunta.

“En la actualidad, las comunidades autónomas más afectadas por la crisis demográfica y el envejecimiento son aquellas donde menos crecen los recursos del sistema de financiación, lo que no es equitativo, pues el gasto de la prestación de los servicios esenciales, como pueden ser el sanitario, la dependencia y también el educativo, es mayor”, añaden fuentes del Gobierno autonómico.

La Xunta aboga por mantener el trabajo ya realizado con las otras comunidades del Noroeste con las que se comparten problemas similares, pero también por tender la mano a la colaboración con otras autonomías.

El actual modelo de financiación autonómica lleva caducado desde el año 2014. Desde entonces se ha mantenido vigente con sucesivas prórrogas. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy, primero, ni los siguientes de Pedro Sánchez han encontrado el momento adecuado para llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una propuesta para reformar el sistema, alegando que la inestabilidad política aconsejaba no entrar en este debate. Ahora se ha vuelto a anunciar que este año se retomará.

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