Dos de cada tres incendios forestales son intencionados. Es una de las conclusiones que recoge la Policía Autonómica en la memoria relativa a 2020 sobre ese aspecto de su labor investigadora. Las posibles motivaciones son diversas, explican estos agentes, desde piromanía a disputas entre vecinos. Entre ellas también se encontraría el darle a un terreno otra utilidad. La Unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia (UPA) ha tramitado solo en el primer semestre de este año 231 denuncias por cambio de uso de terrenos quemados. Los datos, relativos a los primeros doscientos días de 2021, suponen una media de diez expedientes por semana.

La lucha contra el fuego, explican desde este cuerpo en sus memorias, es uno de los objetivos “básicos” de la unidad policial adscrita a la Xunta. Sus agentes no solamente se dedican a actividades de investigación, sino que sus tareas incluyen, tal y como explican, por ejemplo, inspecciones en zonas que han ardido previamente para “impedir que, sin los preceptivos permisos, se haga aprovechamiento (forestal, urbanístico, agropecuario...) de suelo quemado”.

Cambio de cultivos

En concreto, según datos facilitados por Vicepresidencia de la Xunta, las denuncias por cambios de uso de terrenos quemados en lo que va de 2021 se debieron en su mayoría –en seis de cada diez casos– a cambio de cultivos, con 141. Las 90 restantes se vinculan a cambios de uso de suelo. El pasado año la UPA contabilizó 107 denuncias por este motivo, un 40% menos que las que registraba en 2019.

En la memoria anual apuntan, asimismo, que el pastoreo en áreas que han ardido “es una práctica muy corriente”, sobre todo en las zonas con los denominados “fuegos de montaña”, donde, explican, se quema el monte bajo para la “regeneración” de pastos. Es por esa razón, señalan desde el cuerpo dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta, que los efectivos realizan un “seguimiento” del pastoreo en zonas quemadas, “para evitar, en la medida de lo posible, que se continúe realizando este tipo de malas praxis”.

Otras infracciones administrativas

Pero esas no serían las únicas infracciones administrativas posibles en el punto de mira de estos agentes: hay otras, vinculadas al cumplimiento de la normativa en cuanto a franjas de seguridad para impedir la progresión de las llamas y que, “legalmente, deben respetarse alrededor de zonas sensibles”, como pueden ser las urbanizaciones y viviendas del rural, o por quemas “irregulares” por particulares que deberían haber sido comunicadas o autorizadas por la Administración, pero en cambio no lo fueron.

Algunas de estas motivaciones, junto a los cambios de uso de terrenos quemados, están tras las 1.311 denuncias administrativas tramitadas en total por los agentes autonómicos a lo largo de todo 2020. Aunque la cifra supone unos 25 expedientes de media por semana, supone una caída de más del 40% con respecto a las denuncias tramitadas en 2019.

La pandemia ha tenido que ver. Según la memoria de la UPA –que incluye el balance más bajo de incendios del lustro, con 1.817, y 56 detenidos–, en 2020, “debido a la crisis sanitaria” del COVID, los datos muestran una “disminución” si se comparan con otros años, “al tener que desviar medios, tanto humanos como materiales, al control de la referida situación”.