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La Xunta presiona al Gobierno por el plan de rescate de autónomos

María Jesús Montero y Nadia Calviño

El tercer plan de rescate a autónomos y pymes no funciona en Galicia. Apenas ha suscitado el interés de 4.300 negocios pese a que el Estado ofrece 234 millones de euros en ayudas, que están siendo gestionadas por la Xunta. El plazo inicial para presentar las solicitudes concluía mañana y aunque el Ejecutivo gallego lo ha ampliado hasta el 30 de septiembre y ha relajado el nivel de descenso de facturación que tienen que acreditar las empresas, cree que estas medidas –adoptadas dentro del limitado margen de maniobra con que cuenta la Administración autonómica– resultarán también “insuficientes”. Ante este escenario, la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha enviado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, la gallega Nadia Calviño, y a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, sendas cartas en las que les apremia a “flexibilizar” las condiciones del plan de rescate si quieren que tenga éxito entre los autónomos y pymes afectados por la crisis sanitaria.

Los 234 millones de euros los pone el Estado, que ya los ha transferido a Galicia para que los gestione la Xunta, que es la encargada de tramitar los expedientes y abonar los pagos. Pero el grueso de las condiciones exigibles para optar a las ayudas corresponden al Gobierno central. La Administración autonómica solo puede modificar un par de aspectos de una larga lista de criterios impuestos por Hacienda.

Hasta ayer, la Xunta había registrado 4.284 solicitudes, por lo que más del 70% de los fondos están disponibles, esto es, unos 170 de los 234 millones de euros, que de no gastarse antes de fin de año se tendrán que devolver al Ministerio de Hacienda.

La conselleira de Emprego apeló ayer a una “rectificación” por parte del Gobierno, ya que, según recordó, el real decreto que regula estas ayudas deja “muy poco margen de maniobra” a las comunidades y la Xunta ya hizo “las dos únicas cosas” que puede: ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre y flexibilizar “al máximo” la caída de facturación que tienen que acreditar autónomos y microempresas, “para todas las actividades”, hasta el 30% (en 2020 respecto a 2019).

Son dos medidas pactadas la semana pasada con representantes del Diálogo Social y la Mesa de Autónomos. En cualquier caso, Lorenzana advierte de que “el problema de fondo persiste”, pues “el escollo viene” del requisito que establece el real decreto según el cual los que pidan la subvención “tienen que tener deudas pendientes con unos plazos muy determinados”. “Esto se está convirtiendo en un obstáculo insalvable porque muchos hicieron esfuerzos y no tienen deuda pendiente”, dijo la conselleira.

Por eso envió, el pasado viernes, dos cartas, a Nadia Calviño y a María Jesús Montero, con la que les reclama “una modificación del real decreto”, de modo que elimine esa necesidad de que las ayudas estén destinadas exclusivamente al pago de deudas y también para “que se eliminen unos criterios porcentuales que se establecen como tope de la ayuda que son farragosos”.

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