Preocupada se ha quedado la Xunta tras la notificación del Gobierno a varias comunidades de montes para reclamarles la propiedad de los terrenos situados en zona de dominio público marítimo-terrestre. La Consellería de Medio Rural explica que estas superficies que ahora pasarán a manos del Estado contaban con planes de gestión forestal para explotar sus recursos y mantener desbrozados los terrenos y además había inversiones comprometidas. Por eso, advierte que si la Administración central asume ahora su titularidad deberá cumplir con esos compromisos inversores y hacerse cargo también de la limpieza y explotación forestal de estos montes.
El número de comuneros afectados va incrementándose. Montes vecinales de Bueu y Vilaboa han recibido, al igual que las mancomunidades del Baixo Miño, la carta del Catastro en la que les reclaman la propiedad de los terrenos situados en zona de dominio público marítimo-terrestre. “Son solo los casos de los que tenemos constancia. Esto se va a extender a toda la costa gallega”, advierte el presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira.
En aplicación de la Ley de Costas los terrenos situados en primera línea del litoral, dentro de la delimitación que se ha hecho del dominio público marítimo-terrestre, deben pasar a manos del Estado y esto ha pillado a contrapié a las comunidades de montes, que están empezando a movilizarse para tratar de impedir quedarse sin estas propiedades.
La Xunta asegura que entiende la “preocupación” de los comuneros y lamenta las “formas”. Los montes vecinales se enteraron por una carta del Catastro que están a punto de perder parte de sus terrenos. “La Delegación del Gobierno debería haber organizado una reunión con las mancomunidades para explicarles la situación”, señalan desde la Consellería de Medio Rural.
Aún así, el Ejecutivo gallego no cuestiona la ley. “La propiedad de cualquier terreno situado en dominio público marítimo-terrestre corresponde al Estado. Y la ley es igual para todos”, advierte.
Otra cosa es que le “preocupen” las consecuencias de este cambio de titularidad. Según explica, las comunidades de montes afectadas contaban con “instrumentos de ordenación y gestión forestal” y existen en estas zonas “un conjunto de inversiones programadas en materia de mejora y valorización de los recursos forestales” a las que se habían comprometido las mancomunidades.
Si estos terrenos forestales pasan ahora a manos del Estado, ¿qué pasará con su gestión? Los propios comuneros afectados advertían que no se van a gastar dinero en labores de limpieza y desbroce si al final pierden la propiedad de las parcelas.
Y el abandono del monte es una de las principales causas de incendios forestales en Galicia. Además, las mancomunidades situadas en Pontevedra están precisamente entre las más activas de la comunidad autónoma en cuanto a gestión forestal. Y esto no sucede con todos los montes en mano común de Galicia. De hecho, en muchos casos la falta de renovación de sus órganos de gobierno o de sus estatutos deriva en el abandono de muchos de estos terrenos forestales.
Deslindes
La Consellería de Medio Rural acaba de aprobar precisamente ayudas destinadas a las mancomunidades para mejorar su gobernanza. Ante el elevado número de solicitudes –recibieron 2.080 de un total de 3.312 montes vecinales que hay en Galicia– terminó por incrementar el presupuesto para estas subvenciones hasta los 6,7 millones. Y, dentro de esta línea de ayudas, hay una partida específica para que las comunidades de montes “consoliden los lindes y límites de sus terrenos”.
La Xunta advierte que la reclamación que ahora hace el Gobierno de los montes en primera línea de costa afectará a estos deslindes y a las ayudas que acaba de convocar. Por eso, lamenta que la Administración central no remitiera antes una comunicación previa informativa a los titulares de las mancomunidades.
La Consellería de Medio Rural también reprocha al Gobierno que no informara previamente a la Xunta y a los jurados provinciales de montes vecinales.
Los comuneros afectados celebrarán mañana una nueva asamblea para decidir qué medidas adoptar tras la comunicación del Catastro. Además de presentar alegaciones al proceso del cambio de titularidad, las mancomunidades afectadas han solicitado una reunión con el director general de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y barajan reunirse también con los partidos políticos con representación en el Congreso para que impulsen una modificación de la Ley de Costas que les permita mantener la propiedad de sus terrenos.
