El Gobierno reclama en Galicia la propiedad de montes vecinales ubicados dentro del deslinde del dominio público marítimo-terrestre. El Catastro ha remitido ya cartas a varias mancomunidades de la zona del Baixo Miño para advertirles que la titularidad de esos bienes corresponde a la Administración del Estado conforme a lo recogido en la Ley de Costas. Los comuneros afectados están indignados y hablan de “confiscación encubierta”.
El presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira, explica que esto supondrá que las mancomunidades, no solo perderán la propiedad, sino que, en principio, ya no podrán seguir gestionando estos terrenos, lo que les acarreará una merma de ingresos.
La Ley de Costas aprobada en 1988 establece que en dominio público marítimo-terrestre “no podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado”. Esta franja la constituye la zona marítimo-terrestre, las playas, las aguas interiores, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
Hasta ahora no se habían reclamado estas tierras porque el paso previo era definir en cada tramo de costa la línea que delimita el dominio público. Sin embargo, los deslindes han finalizado y ahora el Catastro procede a reclamar los terrenos que en virtud de esa ley deben pasar a manos del Estado. Y, entre los afectados, hay comunidades de montes.
De momento, hay al menos cuaro montes vecinales afectados en la zona del Baixo Miño, pero la organización gallega de comuneros cree que podría haber muchos más perjudicados. “En la línea de costa hay muchos montes comunales, en Cangas, en O Hío o, por ejemplo, en Sanxenxo o Rianxo”, explica Xosé Alfredo Pereira. “Esto abre una espita muy peligrosa”, advierte.
“¿Qué pasa si ahora nos reclaman por ejemplo las tierras que están en Red Natura?”
Las primeras mancomunidades que han recibido la carta del Catastro son las situadas en la desembocadura del Río Miño, que también está afectada por los deslindes de Costas. En la misiva les advierten que van a proceder a subsanar “las discrepancias” sobre la propiedad, de manera que las parcelas pasarán a ser titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los comuneros del Baixo Miño afectados se están empezando a movilizar para tratar de impedir lo que tachan de “confiscación”. Ya celebraron una asamblea para articular una respuesta y buscan a otros montes vecinales que también pudieran estar afectados. “A efectos jurídicos, las comunidades de montes no pueden tratarse como si fuesen titularidad privada propiamente dicha, por lo que deben continuar en el Catastro como montes comunales indivisibles”, argumentan.
“¿Quién va a asumir ahora la limpieza de los terrenos si sabemos que perdemos la titularidad?”
La mancomunidad de San Xoán de Tabagón, en el concello de O Rosal, es una de las afectadas por la reclamación del Catastro junto a la de San Miguel de Tabagón, Eiras y Salcidos. Su presidente, Argimiro Martínez, lamenta que están metidos “en un lío bastante gordo”. “Es un robo del Estado”, lamenta.Solo en este monte comunal el Gobierno les reclama la propiedad de 4 hectáreas de terreno.
Las mancomunidades de las Rías Baixas son, por otro lado, de las más activas del territorio gallego. Su gestión del monte es vital, por ejemplo, en la prevención de incendios. Argimiro Martínez denuncia que se acaban de gastar 12.000 euros en las labores de desbroce para tener el monte limpio de cara al verano. “Si esto va a ser así y pasa a la propiedad a manos del Estado, cómo le decimos a los vecinos que limpien los terrenos cuando saben que van a terminar perdiendo la propiedad y además cuesta una pasta mantenerlo todo limpio”, se pregunta Argimiro Martínez.
En su opinión, se trata de “un problema político”. Así reclama que se modifique la Ley de Costas. Según explica, ya han solicitado una reunión con el director general de Costas del Ministerio de Transición Ecológica para trasladarle su problemática. Además van a solicitar encuentros con los partidos políticos con representación en el Congreso.
