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Un expediente sancionador cada tres días a un concello por vertidos ilegales o tóxicos

Vertido

Corrientes de espuma que tiñen de blanco el cauce de un río o de zonas costeras. Es la evidencia que dejan los vertidos de aguas residuales de una depuradora municipal o procedentes de una industria, los purines desechados por una explotación ganadera, los restos de disolventes o aceites y los residuos sanitarios, entre otros, que amenazan la calidad de las aguas en la comunidad. No hay día en que no salte una alerta en Augas de Galicia por la presencia de un vertido ilegal o contaminante en las áreas de dominio público hidráulico (ríos) y o las de marítimo-terreste (costa). Una vez analizados los componentes y el nivel de toxicidad del residuo detectado, se trata de identificar al responsable y, en consecuencia, que responda. Bajo la premisa de “quien contamina, paga”, la Xunta, a través de su organismo hidrológico, abrió el año pasado un total de 274 expedientes sancionadores, a los que hay que sumar otros 135 resueltos de ejercicios anteriores. Los concellos están detrás de la mayoría de estos procedimientos, ya que son la administración que debe velar por el correcto saneamiento de las aguas residuales domésticas, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local. Y por su parte, Augas de Galicia tiene la obligación de hacer el seguimiento del control de los vertidos de las empresas fuera de la red municipal.

A lo largo de 2020, la Consellería de Infraestruturas abrió un total de 132 expedientes por vertidos ilegales o contaminantes a ayuntamientos, lo que supone el 48% del total y se traduce en una media de uno cada tres días. A industrias, le afectan un total de 96 procesos abiertos el ejercicio pasado –35%– y a particulares, 46 –casi el 18%–.

Los ríos son los más castigados por los vertidos que derivaron en expedientes sancionadores en 2020: un total de 218 (80%) frente a los 56 que afectaron a los residuos que afectaron a las aguas costeras.

Pero no todos los puntos de polución detectados por Augas de Galicia acaban en sanción. Y es que si los técnicos llegan al lugar donde se dio el aviso del vertido pero no son capaces de determinar la fuente contaminante o que arrojó de manera ilegal esos residuos no se podrá iniciar procedimiento alguno.

Al cierre de 2020, quedaban en trámite casi la mitad de los expedientes abiertos: 123 (el 45% del total), y 81 derivaron en sanción: 47 a concellos, 26 a empresas y ninguna a particulares. Los 70 restantes fueron archivados.

En los últimos años los procedimientos sancionadores han experimentado un descenso debido al mayor control por parte de la Administración y a la concienciación de empresas y particulares. En el año de la pandemia la caída fue más acusada por el parón de toda actividad no esencial durante el estado de alarma, pasando de los 236 expedientes por vertidos ilegales o contaminantes en ríos a 218 y de 99 a 56 en rías y mar.

Régimen de sanciones

Principalmente, las infracciones son de tres tipos. Por un lado, las derivadas de un vertido no autorizado suelen acarrear multas de hasta 30.000 euros. Por incumplimiento de la autorización, los importes se sitúan en los 15.000 euros. Y en los casos por desatención al requerimiento de la Administración suelen ser multas de 5.000 euros.

De los 274 expedientes abiertos el año pasado, Augas de Galicia interpuso sanciones por un importe que roza los 280.000 euros, de ellos más de 235.000 corresponden a incumplimientos medioambientales en los ríos y los 44.600 restantes en la zona marítimo-terrestre. Mientras en los cauces fluviales son las empresas las que afrontar el grueso de las sanciones (más de 178.000 euros), seguidas de los concellos (54.604 euros) frente a 2.400 euros de particulares; en los procesos de polución abiertos en rías y mar son las administraciones las más penalizadas (23.602 euros), seguidas de las industrias (21.001).

A estos casi 280.000 euros en sanciones de expedientes iniciados en 2020, hay que sumar otros 178.300 euros por procesos abiertos en ejercicios anteriores pero resueltos el año pasado. En total, el importe de las sanciones firmes de 2020 supera los 453.000.

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