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La nueva PAC beneficiará a las granjas pequeñas y medianas

Subasta de ganado en Silleda.   | // BARNBÉ/JAVIER LALÍN

Subasta de ganado en Silleda. | // BARNBÉ/JAVIER LALÍN

En Galicia la tierra está muy repartida y no hay grandes productores. Como poco o nada tienen que ver las características de una explotación de Castilla, Levante o Andalucía con una de la comunidad gallega, la Xunta lleva meses presionando junto con Asturias, Cantabria y País Vasco para que las ayudas de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 primen en el reparto las pequeñas y medianas explotaciones familiares que caracterizan el noroeste. Se trata de un factor que jugaba en contra del reparto en pasadas campañas, ya que se distribuían los fondos según superficie y hectáreas. El acuerdo provisional alcanzado ayer en el seno de la UE y que deberá ser ratificado en el Consejo de Ministros de Agricultura de los estados miembros en la reunión del lunes y martes de la próxima semana promete garantizar una PAC “más justa, más ecológica, más respetuosa con los animales y más flexible”. Los países de la UE y el Parlamento Europeo aseguran que “garantizará una distribución más justa de las ayudas, especialmente entre las pequeñas y medianas explotaciones familiares y los jóvenes agricultores”.

Además, a partir de 2023, según recoge el acuerdo, se aplicarán más exigencias medioambientales y climáticas, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde.

Han sido necesarios tres años de negociaciones entre los Estados miembros y los eurodiputados para desbloquear los tres reglamentos de la nueva Política Agraria Común, que introducirá como grandes novedades los llamados ecoesquemas y un nuevo modelo basado en los planes nacionales de gestión.

De los 380.000 millones consignados, a a España le corresponden unos 37.000 millones en pagos directos para los agricultores y ganaderos y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los siete años. Galicia espera que se mejoren o, cuanto menos, que no se recorten los fondos aprobados para la comunidad en el pasado periodo.

Un aspecto que ha dividido hasta el último momento a los eurodiputados y las capitales es establecer un mecanismo para hacer que las ayudas de la PAC estén mejor repartidas. El acuerdo provisional estipula que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones.

Para ello, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario o podrán optar por reducir progresivamente los pagos a partir de los 60.000 euros por explotación y limitarlo a 100.000 euros. Bruselas había planteado que esta segunda opción fuera obligatoria, pero la idea contó con la oposición de los gobiernos europeos.

En cuanto a los ecoesquemas, el punto intermedio ha sido la solución de compromiso: se tendrá que dedicar un 25% de las ayudas directas a estos nuevos regímenes ecológicos. A cambio de este porcentaje, los Veintisiete han logrado establecer una serie de cláusulas de flexibilidad para que este dinero no se pierda en caso de que sea imposible llegar a dicho umbral.

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