Hace tres años entró en vigor una nueva legislación en Galicia para vigilar la seguridad en los espectáculos públicos, estableciendo protocolos para evitar casos como el de Madrid Arena, recinto en el que en 2012 murieron cinco personas ante un exceso de público y falta de medidas de seguridad. Ahora, en Galicia no solo se han incrementado hasta 600.000 euros las multas por superar el número de asistentes permitidos o a los 300 euros la reventa de entradas para obtener beneficio, sino que también se establecerán requisitos mínimos de seguridad y sanidad. Los conciertos y otros espectáculos al aire libre con más de 2.000 personas de público deberán contar con un enfermero y un ambulancia (disponible desde una hora antes del inicio del evento), así como al menos dos vigilantes de seguridad y cuatro aseos.
Estos son algunos de los puntos recogidos en el borrador de reglamento de desarrollo de la Lei de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia, que debería aprobarse este año, más de tres ejercicios después de la entrada en vigor de la norma. De avanzar la vacunación y el control de la pandemia de COVID-19, los eventos multitudinarios podrían recuperarse también este año.
En esos casos, con más de dos millares de personas, los organizadores deberán “disponer del personal necesario para la prevención e identificación de las emergencias por aglomeraciones y para garantizar una evacuación ordenada o un confinamiento, si fuese necesario”, una cláusula que pretende evitar aglomeraciones como las del Madrid Arena. En caso de que se esperen más de 5.000 asistentes, tanto en recintos cerrados como espacios al aire libre, “será condición indispensable para su celebración la constitución de un puesto de mando avanzado que garantice el mando único y la coordinación de los servicios públicos”, según consta en el borrador de decreto.
La ley ya prohíbe la reventa de entradas para evitar que exista lucro al margen de los organizadores, pero el nuevo decreto también veta las ventas encubiertas de entradas o abonos. “Se considera venta encubierta de entradas o abonos aquella en la que la persona o empresa vendedora la oculta bajo una aparente oferta como venta principal de artículos u objetos referidos o no al espectáculo público o actividad recreativa, acompañando las entradas como algo accesorio o gratuito”, define esta práctica el borrador.
Además, la Vicepresidencia Primera de la Xunta, encargada de la elaboración de este texto legal, formaliza una práctica que ya se venía aplicando en los concellos, pero que ahora cuenta con rango de ley.
Las comisiones de fiestas o asociaciones vecinales deberán suscribir una póliza de responsabilidad civil para poder organizar verbenas o fiestas populares y cubrir así cualquier problema o lesión que se produzca en ellas. El capital mínimo asegurado será de 200.000 euros, aunque ello no eximirá a orquestas o dueños de atracciones con sus propios seguros.
Hasta el año 2018, este requisito no figuraba en la ley gallega, pero sí existía una normativa estatal que “obligaba a contratar un seguro” en caso de celebrar eventos con público. Los municipios exigían a las asociaciones suscribir una póliza, pero ahora la normativa fija unas condiciones mínimas para toda esta clase de eventos. Hasta ahora, el coste de una póliza podía rondar los 40-50 euros diarios.
Los organizadores de espectáculos públicos también deberán suscribir un seguro de responsabilidad que llegará a cubrir hasta 2 millones de euros en los más multitudinarios, según el plan de la Xunta.
