La Consellería de Política Social había detectado el mes pasado a 1.883 familias que habían cobrado indebidamente tanto la renta de inclusión gallega (Risga) como el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) que paga el Gobierno, cheques para hogares con escasos recursos incompatibles entre sí, como establece la legislación autonómica. Parte de los afectados ya han pagado, pero de los 1.750 restantes –con reclamaciones de hasta 5.000 euros–, alrededor de 1.400 estarán exonerados en parte o totalmente de devolver esos cobros indebidos.
La conselleira Fabiola García avanzó este martes en el Parlamento una medida solicitada por grupos como Galicia en Común para facilitar la lucha contra la crisis económica causada por el COVID a las familias con mayores problemas de exclusión. La Xunta condonará total o parcialmente la deuda del 80% de los beneficiarios que han cobrado ambas prestaciones, aquellos que cuentan con menores a cargo y que suponen alrededor de 1.400.
Al resto, les ofrecerá un plazo de 30 meses para abonar en cuotas esas cantidades por cobros indebidos de prestaciones que rondan los 450 euros de media.
“El tiempo nos dio la razón, pero sinceramente, tener o no tener la razón es lo que menos nos importa. Lo que nos preocupa es resolver esta situación provocada por las prisas y la improvisación del Gobierno central”, censuró García.
La puesta en marcha del IMV hace un año permitió disparar hasta alrededor de 25.000 los hogares gallegos que habían cobrado un cheque de este tipo para llegar a fin de mes. La última cifra oficial, sin embargo, deja a las 13.200 perceptoras del ingreso mínimo lejos del objetivo prometido por el Gobierno central de llegar a 40.000 familias. Las entidades sociales culpan al colapso burocrático de este retraso.
Ante la negativa del Ejecutivo a ceder a las comunidades la gestión de una renta similar a la Risga y otras prestaciones autonómicas, Galicia optará por reformar la Lei de Inclusión Social a lo largo del próximo trimestre. Su objetivo es abonar un extra a quien cobre el IMV siempre que siga un itinerario formativo para lograr un empleo.
La nacionalista Olalla Rodil acusó a la Xunta de “escurrir el bulto y poner parches” sin ofrecer soluciones de calado a los afectados por falta de recursos.
