Galicia presume de ser el país de los mil ríos y de los casi 1.500 kilómetros de costa. Sus aguas son uno de los atractivos turísticos y una de las principales fuentes de ingresos, pero las tuberías de muchas empresas y los sumideros de algunos hogares acaban en los fondos de las rías. Disolventes, aceites, residuos sanitarios o industriales tóxicos, pesticidas, restos de animales, aguas residuales o deficiencias en los sistemas de saneamiento… Los vertidos que llegan a uno de los mejores bancos marisqueros del mundo han llegado a decretar el parón de la actividad sus aguas debido a la contaminación. En los últimos cinco años, las 18 rías de la comunidad han soportado más de 7.500 puntos de vertido, alcanzando en 2020 una cifra récord: 1.596, la mitad contaminantes, según datos de Augas de Galicia, ahora dependiente de la Consellería de Infraestructuras.
El aumento de la población en determinadas áreas, la falta de depuración de los residuos urbanos, la filtración de fertilizantes y otros productos químicos, así como una mayor actividad industrial y portuaria, junto con un refuerzo de los controles por parte de la Xunta están detrás de esta tendencia al alza. Hace años muchos de ellos ni llegaban a detectarse, pero desde que la Administración autonómica puso en marcha hace ya diez años una red que permite el control en tiempo real de la calidad, se hacen controles más frecuentes y se agilizan los mecanismos de detección y alerta en el caso de que haya alguna incidencia que altere el estado natural de las aguas.
La lista de avisos por vertidos complica el objetivo de Galicia sobre el saneamiento de sus aguas, ya que el horizonte fijado por la UE para garantizar su buen estado ecológico finaliza este año. Para tratar de garantizar un nivel óptimo de las rías gallegas, la Xunta vigila con lupa a empresas, administraciones y particulares para que corrijan deficiencias y cumplan los requisitos medioambientales que establece la directiva europea y así tener unos ríos y aguas costeras libres de vertidos, contaminación por bacterias o alteraciones del hábitat.
De los casi 1.600 focos detectados el año pasado en las rías de la comunidad –lo que supone una media de cuatro cada día y un 23% más que hace un lustro–, un total de 249 superaban al cierre de 2020 los límites establecidos (casi el 16% del total). Sobre estos puntos, Augas realiza un seguimiento para su eliminación. Fruto de ese control, otros 557 (35%) fueron resueltos a instancias de estas inspecciones. Es decir, la mitad de los vertidos inventariados en 2020 eran tóxicos.
Finalizado el año, otros 52 estaban en fase de investigación ante las sospechas de que pudiera tratarse de un punto contaminante, pendiente del resultado de los análisis realizados. Y, finalmente, fueron 738 (46%) los que cumplían los límites establecidos.
Las zonas de mayor riqueza productiva están entre las áreas del litoral donde más se ha degradado la calidad de las aguas: Arousa, Vigo, Pontevedra, Ferrol y A Coruña. En el caso de A Coruña, la tasa contaminante roza el 60%, ocho puntos por encima de la media autonómica.
En puntos de vertido detectados el año pasado, la ría de Arousa se coloca a la cabeza con 444, seguida de Vigo (209), Muros-Noia (166), Pontevedra (135), Ferrol (135) y A Coruña (124, de los que al cierre del ejercicio 5 se mantenían como contaminantes tras subsanar otros 67) –ver gráfico–. Las doce rías restantes están por debajo del centenar de focos inventariados. Entre puntos tóxicos y subsanados por instrucciones de la Xunta, Lires presenta una tasa de toxicidad del 100% (los cuatro puntos detectados superaban los límites establecidos). O Barqueiro y Ferrol quedaron por encima el 70%, con 6 y 96 focos contaminantes, respectivamente.
En el cuarto puesto de la lista negra figura Corcubión (8 vertidos contaminantes, incluidos también los neutralizados por Augas), seguida de Camariñas (31) y Muros-Noia (100), todas con una tasa del 60%. Destaca la presión contaminante de la ría de A Coruña, donde de 124 puntos inventariados, 72 eran tóxicos (58% del total). En Vigo, la tasa es del 40%, con 84 focos contaminantes (61 corregidos) de 209 puntos identificados.
Multas que van de los 200.000 euros a los dos millones
Desde hace casi dos años quienes atenten contra el patrimonio medioambiental se enfrentan a sanciones más duras. Frente a los 300.000 euros con los que la Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade de Galicia penalizaba las infracciones graves en materia de medio ambiente, la normativa en vigor desde julio de 2019 ha elevado la cuantía hasta los dos millones de euros. Se trata de una cifra pensada para los daños que puedan producir empresas solventes sobre patrimonio natural y de las áreas que cuentan con algún tipo de protección medioambiental. Las infracciones muy graves van en la actualidad desde los 200.000 euros hasta los dos millones. Pero además de la multa, los responsables de los daños causaron se enfrentan a la intervención de los medios empleados para cometer la infracción, pederán las ayudas de la administración autonómica y, finalmente, se podrán revocar las autorizaciones de la actividad que provocó el perjuicio. Para determinar si se trata de una infracción leve, grave o muy grave se tendrá en cuenta la magnitud del riesgo, el grado de intencionalidad, el beneficio ilícitamente obtenido y la posibilidad de que los daños producidos sean irreversibles.
