La Lei de Impulso Demográfico, que entró en vigor el pasado mes de febrero, incluye, entre otros aspectos, la implantación de medidas de conciliación y de igualdad en las empresas como baremos a puntuar en sus pujas por los contratos de la Administración autonómica.
Estas cláusulas sociales deberán pesar como mínimo el 10% de la calificación máxima que se dé a una oferta. Es una regla general de la que no se escapa ningún sector. Pero el de la construcción entiende que estas obligaciones establecidas en la ley, con las que no están en desacuerdo, les complica su trabajo dada la singularidad de sus tareas. Así que trata de buscar un equilibrio para no perjudicar al ramo ni a la ejecución de las obras. Y la fórmula por la que apuesta es la de negociar entre todas las empresas –y en diálogo con la Xunta– unas medidas comunes de conciliación para así acudir en igualdad de condiciones a las licitaciones y no introducir elementos nuevos de competencia para presentarse a los concursos de obra pública. Que no se entre en una espiral a ver qué firma incorpora más cláusulas sociales solo por el hecho de obtener más puntuación en las licitaciones. En todo caso, no se trata de imposición alguna y cada firma es totalmente libre de introducir las medidas de conciliación que considere pertinentes.
El presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Diego Vázquez, quiere dejar, en todo caso, bien claros algunos aspectos. Que no tienen ningún conflicto con la Xunta ni dentro el sector por la aplicación de la ley, que no rechazan las medidas de igualdad y de conciliación por tratarse de un avance, y que lo que se busca es la buena ejecución de las obras y la calidad final de la misma, que es lo que debe primar en toda licitación.
Argumenta Diego Vázquez que en las oficinas es más fácil implantar la conciliación, pero no así en la obra. “No se pueden dejar los trabajos a medio hacer”, sostiene. Y cita, como ejemplos, el hormigonado, el asfaltado o la construcción de puentes. Hasta que se completa la tarea no se termina el día, por lo que los horarios se alargan.
Tampoco sería nada práctico, por ejemplo, las reducciones de jornada, dado que habría que sustituir a unos trabajadores por otros sobre la marcha, con lo que se podría resentir la seguridad laboral, que a juicio del presidente de la Federación Gallega de la Construcción, debe estar en lo más alto de las prioridades. Y si a esto se le suma que muchas veces tienen que realizar grandes desplazamientos –en función de lugar de la obra–, pues la conciliación se complica más aún.
"No estamos en contra de las medidas de conciliación porque no se puede ir contra de este avance, pero tampoco se puede dejar un trabajo a medio hacer"
“Las medidas tienen que adaptarse al sector, porque no todas son viables, por las propias características de nuestra actividad y por temas de seguridad. No estamos en contra de las medidas de conciliación porque no se puede ir contra de este avance, pero tampoco se puede dejar un trabajo a medio hacer. Así que tenemos que buscar un equilibrio”, comenta Diego Vázquez, que añade que si una empresa adoptara todas las cláusulas sociales disponibles, el precio de una obra se tendría que duplicar y los plazos de ejecución se alargarían notablemente.
La Lei de Impulso Demográfico de Galicia no obliga a las empresas privadas a tomar decisiones concretas, pero las incentiva –o fuerza– a implantarlas por el hecho de que las medidas de conciliación pesarán al menos el 10% de la puntuación total que pueda conseguir una oferta en los concursos públicos de la Xunta y sus entidades instrumentales. Entonces, si una empresa no cumple con ninguna cláusula social, parte con desventaja en la puja. Y en el otro extremo, habrá quien se aplique al máximo en las políticas de igualdad y conciliación por el mero objetivo de lograr una puntuación extra.
Esto último es precisamente lo que quiere evitar el sector: entrar en una espiral de competencia interna que al final acabe distorsionando las licitaciones, perjudicando la ejecución de las obras y volviéndose en contra de los actores.
La vía que explora la Federación Gallega de la Construcción es la de negociar con todos sus asociados unos criterios sociales comunes para así acudir en igualdad de condiciones a las licitaciones de obra pública y, en este sentido, hay acuerdo de todos los agentes. Pero como no quieren que la decisión se interprete como una acción unilateral, la federación tiene diálogo directo con las consellerías más inversoras –con las que ya hubo varias conversaciones– para acomodar las cláusulas sociales a las singularidades del sector, aunque sin dar la espalda a la Lei de Impulso Demográfico.
"No tenemos ningún conflicto. Se trata de ir avanzando con sentido común”
Hace dos años, la Diputación de A Coruña impuso unas intensas cláusulas sociales en sus contratos de obra pública. Exigía la contratación de mujeres y un alto porcentaje de contratos indefinidos. Pero al final tuvo que rebajar los requisitos ante los problemas de las constructoras para poder cumplirlos. Uno de ellos, contar con mujeres. No abundan las que se dedican a la construcción y el SEPE no podía aportar candidatas porque no funciona con perspectiva de género para la selección de trabajos. Así que la Diputación consensuó con el sector las cláusulas sociales de sus concursos de obra para adecuarse mejor a la realidad.
El sector en Galicia está integrado por unas 7.800 empresas, contando a los autónomos individuales. Su característica principal es su reducido o mediano tamaño. Realmente son muy pocas las consideradas grandes constructoras. Y por eso tampoco están en condiciones de aplicar con intensidad políticas de igualdad y conciliación.
