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División sin límites de la tierra agraria

Varias fincas cultivadas en la parroquia de Matamá (Vigo).

Varias fincas cultivadas en la parroquia de Matamá (Vigo).

Galicia, con 11 millones, es la autonomía con mayor número de fincas rústicas, pero estas por encima se fragmentan para darles más usos llegando así a los 16 millones de “leiras”

Con sus casi 29.600 kilómetros cuadrados, Galicia es la séptima comunidad autónoma de España en superficie. Y es la quinta en población. Pero ninguna otra tiene tantas fincas rústicas. Según el Catastro, actualmente hay algo más de 11 millones de parcelas registradas. El tradicional minifundismo junto al troceo de la tierra para dejarla en herencia tiene mucho que ver. Pero aún hay otra división más menuda, aquella que fragmenta una determinada finca en trozos aún más pequeños para realizar cultivos diferenciados o darle usos distintos. Entonces la cifra de estas “leiras” –que en el lenguaje técnico se denominan recintos– se dispara y se llega nada menos que a los 16 millones. Ninguna otra comunidad se aproxima siquiera a estos números.

Pues bien, la Xunta quiere hacer un mapa, lo más detallado posible, de los usos que se le dan a estas subparcelas. Se ha dado un plazo de catorce meses y ha licitado su contrato por 1,4 millones de euros.

Pero la tarea es inmensa: “las cifras muestran la envergadura el trabajo”, advierte la Consellería do Medio Rural. El catastro de rústica da cuenta de la existencia de 11.109.678 parcelas repartidas entre un total de 1.732.740 propietarios. Pero estas cifras se quedan cortan si se comparan con el Sixpac, que es el sistema de información de gestión de fincas agrícolas y control de los regímenes de ayudas de la PAC y del desarrollo rural. Este sistema no solo “vigila” las parcela, sino que también entra al detalle e identifica los “recintos” en que se divide cada parcela catastral y que responden a usos diferentes del suelo: cultivos, pastos, arboledas o construcciones como casetas, galpones o garajes.

La suma de todos estos recintos asciende a 16.056.991, de los que 14,105 millones son empleados por agricultores, ganaderos o silvicultores, según los datos de la Xunta.

“Esto da una idea más amplia del grado de fragmentación del territorio gallego, con más divisiones dentro de unas parcelas que ya de por sí son pequeñas. Galicia es la comunidad con más recintos de España porque a la fragmentación de la propiedad se une también la del uso”, precisa un técnico de la Consellería do Medio Rural.

Para comprender el fenómeno del minifundismo y la división sin límites de la tierra agraria basta con una simple comparación con algunas comunidades autónomas. Castilla y León triplica en superficie a Galicia, pero cuenta con poco menos de nueve millones de parcelas. Castilla-La Mancha se queda por debajo de los 4,4 millones pero tiene 79.000 kilómetros cuadrados de extensión. Y Andalucía, también con el triple de superficie que la comunidad gallega, no llega a los 3 millones de parcelas, si bien en esta autonomía la estructura de la propiedad se caracteriza por los grandes terratenientes.

Lo que pretende hacer ahora la Xunta es elaborar un documento técnico que recoja los diferentes usos que se está dando a las fincas rústicas y que en el futuro sirva para planificar y ordenar el aprovechamiento de la tierra. “Hay déficit de información”, admite la Consellería do Medio Rural.

El trabajo se dividirá en tres lotes. El primero será el mapa en sí de los usos. El segundo, para catalogar los sistemas agrarios de alto valor natural. Y el tercero, para elaborar un mapa de usos agroforestales históricos a partir de los vuelos aéreos de los años cuarenta y cincuenta. “Esta información tiene valor no solo para llevar a cabo los trabajos de planificación, sino como documento para la investigación de la evolución de la ocupación y uso del territorio, que convertirá a Galicia en una de las pocas comunidades autónomas que dispone de una cartografía de los usos históricos de su territorio”, indica Medio Rural.

El estudio no solo servirá como herramienta de planificación de la Administración autonómica, sino que la idea es poner toda la cartografía y la información geográfica a disposición de la ciudadanía para que la consulte libremente.

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