Casi 90.000 empleados públicos de la Xunta serán sometidos a examen para evaluar su rendimiento a partir de 2023. La medida se implantará con ocho años de retraso, tras sucesivos aplazamientos por parte del Gobierno gallego.
Fue la Lei de Emprego Público, que entró en vigor en 2015, la que estableció la obligación de examinar el trabajo de la plantilla de la Administración autonómica. Pero para ponerla en marcha es necesario regular mediante una norma específica las condiciones y los detalles del proceso de evaluación. En el Programa Marco de Integridad Institucional y Prevención de Riesgos de Gestión, que acaba de aprobar la Xunta a propuesta del Consello de Contas, se fija finalmente como horizonte temporal para activar este examen el año 2023.
Si los empleados públicos pasan la prueba cobrarán un complemento de desempeño. Si suspenden podrán ser trasladados a otro puesto de manera forzosa o bien obligados a reciclarse mediante un curso de formación.
La evaluación del desempeño de los empleados públicos se encuentra entre las medidas que adoptará el Gobierno gallego para mejorar la calidad de la gestión pública y profundizar en la transparencia y la rendición de cuentas.
“Se medirá y valorará la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados del personal empleado público”
Para ello se elaborará la norma que da desarrollo legal a la Lei de Emprego Público y que garantizará que el sistema de evaluación se adecue a criterios de “transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación”.
Como paso previo a aprobar esta regulación la Xunta está realizando un registro de tareas en cada unidad administrativa para analizar las cargas de trabajo y establecer así los estándares de cumplimiento de objetivos que deberán cumplir los empleados públicos.
El Plan Marco de Integridad Institucional y Prevención de Riesgos prevé también en materia de personal reforzar “las garantías de imparcialidad” en las ofertas de empleo público. Para ello se valorará la creación de órganos especializados y permanentes dedicados a la organización de estos procesos selectivos. La Xunta considera además que la temporalidad es un factor de riesgo ante posibles conductas fraudulentas y corruptas y, por eso, se fija como objetivo para 2023 aumentar “la cobertura definitiva de los puestos de trabajo”.
Controles
Para fortalecer los sistemas de control interno y evitar irregularidades en la concesión de ayudas públicas o en la contratación, el Gobierno gallego prevé crear tanto en la administración general como en cada una de las entidades instrumentales órganos de control que vigilarán si se producen “posibles riesgos o incumplimientos” y establecerán medidas correctoras.
Además se actualizará el Código Ético aprobado en 2014 para los empleados de la Xunta. La idea es establecer medidas concretas y específicas que afecten a los altos cargos y con las que deberán comprometerse en el momento de la toma de posesión.
Su cumplimiento será controlado por un comité de ética, un nuevo órgano que la Xunta prevé crear ya este año. Su función será velar por el cumplimiento del código ético institucional, informar de incumplimientos –lo que daría lugar a sanciones–, así como dilucidar dudas y dilemas de los empleados públicos. Además elaborará un informe anual que deberá entregar al Parlamento de Galicia.
Para fomentar una cultura ética entre la plantilla y disuadir de posibles conductas corruptas, la Xunta valora incluir en los temarios de las oposiciones temas específicos sobre integridad institucional.
Otra de las novedades del nuevo plan de prevención de la corrupción que acaba de aprobar la Xunta es la obligación de elaborar mapas de riesgos por consellerías. Esto permitirá detectar qué áreas son más vulnerables a conductas que puedan considerarse ilícitas o irregulares. Identificar estas actividades permitirá diseñar así controles más efectivos, según explia el Ejecutivo autonómico.
Tras contar con una evaluación de los riesgos cada departamento deberá elaborar un plan de prevención anticorrupción con un cronograma para la implantación de dichas medidas.
Además se implantará un sistema de alertas de detección de riesgos en los sistemas informáticos, para que cada vez que se detecte una conducta sospechosa salte una alarma.
Se creará un registro de lobbies para controlar su influencia “indebida” en la administración
La Xunta constituirá un grupo de trabajo formado por personal de la administración autonómica, profesionales de la universidad y otros expertos de reconocido prestigio para regular los lobbies. Entre las medidas que propone el Ejecutivo gallego en su plan contra la corrupción está la creación de un registro público donde deberán inscribirse los grupos de interés y facilitar así el control sobre su “influencia indebida e ilegítima” en las decisiones públicas. El horizonte para regular los lobbies se sitúa entre el 2022 y el 2023, según el Plan de Integridad Institucional y Prevención de Riesgos de Gestión aprobado por la Xunta. La Comisión Galega da Competencia también estaba estudiando crear su propio registro de grupos de interés. Y tal y como había avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se habilitará un canal para que los ciudadanos puedan denunciar sus sospechas sobre conductas corruptas en la administración. Según se detalla el plan, se hará vía electrónica y se garantizará la confidencialidad del denunciante para evitar represalias. Además cada año deberá elaborarse un informe sobre las denuncias recibidas y tramitadas. Y específicamente dirigido al personal de la Administración autonómica se pondrá en funcionamiento una caja de correos donde los funcionarios podrán comunicar “información relevante en materia de integridad”. La idea, según recoge el plan, es que “aporten propuestas de mejora”. El impulso a la administración digital reducirá asimismo, según explica el Gobierno gallego, el riesgo de conductas irregulares o sospechosas puesto que los procedimientos telemáticos están estandarizados y se podrán rastrear decisiones y acciones.
