Más vigilancia con los radares móviles, más multas y más condenas. Es la receta de la Fiscalía de Seguridad Vial para garantizar el cumplimiento del nuevo límite a 30 km/h en las ciudades, en vigor desde el pasado día 11. En un oficio remitido ayer a las policías locales de todo el país, el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, también llama a aumentar los controles de velocidad y alcoholemia y a la persecución penal de la conducción bajo los efectos del alcohol en todas las vías, es decir, que se levanten más atestados. Vargas justificó su propuesta en que los índices de accidentalidad son superiores a los flujos de tráfico y advirtió de que el 30 % de los siniestros se deben a un exceso de velocidad y el 25 %, a la ingesta de alcohol.

Con estas medidas, la Fiscalía de Seguridad Vial se propone atajar dos de las lacras de la accidentalidad en la red viaria. Y es que a pesar de que en los últimos años la cifra de fallecidos en vías interurbanas ha disminuido, en ciudad han aumentado y ya suponen un tercio del total de víctimas mortales.

A partir de ahora, los policías locales tendrán que informar mensualmente a los fiscales delegados del número de controles realizados en su municipio con el objetivo de que el Ministerio Fiscal pueda exponer las sanciones oportunas. Cada año se dictan unas 1.000 condenas por exceso de velocidad punible y alrededor de 50.000 por consumo de alcohol al volante y pese a estas sentencias que pretenden erradicar la delincuencia viaria se sigue conduciendo después de haber bebido, razón por la que la Fiscalía reclama que se aumente la persecución penal de los conductores bajo la influencia del alcohol.

Más alcoholemias

Vargas ve “indispensable” aumentar los controles de velocidad y de alcohol. “Los radares no son recaudatorios, son protectores de los conductores y evitan múltiples tragedias”, defendió, al tiempo que destacó el refuerzo de la vigilancia con radares y la sanción “educan”.

En relación al aumento de los controles, el fiscal puso de nuevo en el punto de mira a las aplicaciones que avisan de los dispositivos de vigilancia. Por ello, pidió información a las policías acerca de si las apps que avisan a los conductores de la ubicación de sus operativos de control o de la ubicación de radares, continúan perturbando su normal funcionamiento, en qué medida y con qué modalidades, con el fin de “fundamentar aún más la propuesta de reforma sancionadora en la que trabaja el Ministerio Fiscal”.

Esta propuesta de reforma ya fue anunciada por Vargas hace un año y reclamada también a la DGT por el fiscal delegado de Seguridad Vial en Galicia, Carlos Gil. Ante el creciente uso de este tipo de aplicaciones y el vacío legal sobre su control, Gil urgió en una entrevista con este periódico el pasado mes de septiembre una reforma legislativa para castigar el uso de las apps o redes sociales que avisen de estos operativos en carretera, “unas conductas que las leyes de tráfico todavía no sancionan”.

En un plazo aproximado de dos o tres meses, según desveló Vargas, la Fiscalía realizará la propuesta de reforma. “La tecnología ayuda, pero en algunos casos se utiliza indebidamente”, cuestionó el fiscal de Seguridad Vial, que considera que estas apps han perturbado los controles de movilidad durante la pandemia de COVID-19.

“Por eso, la Fiscalía trabaja en una estrategia sancionadora, estamos decididos a hacer una propuesta, somos conscientes de la perturbación que se ocasiona en una función tan relevante como la vigilancia del tráfico vial”, concluyó.