El consenso al que apela el Gobierno central para fijar el cobro de peajes en las autovías no se suscita ni entre sus propios compañeros de filas. El PSdeG apoyó ayer, con BNG y PP, una propuesta en contra del establecimiento del cobro de una tarifa por el uso de las vías de alta capacidad, una medida que el Ejecutivo se planteaba implantar en 2022 y con cuya recaudación se proponía costear el mantenimiento de las carreteras. Pero ni en la oposición ni en su propio partido parece encontrar el respaldo que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, considera imprescindible para poner en marcha este cobro dentro de tres años. El plan remitido a Bruselas el mes pasado también deja la puerta abierta a que se cobre en toda la red de carreteras. Galicia sería una de las comunidades más afectadas por la implantación de peajes en las autovías debido a su condición de periférica.

El debate que reabrió este año el Gobierno de Sánchez –y que ya había sido tanteado por el Ejecutivo de Rajoy– se topó ayer con el rechazo del PSdeG en la Parlamento gallego. Los tres partidos con representación en O Hórreo manifestaron su “rotunda oposición” a “la intención del Gobierno central” de establecer peajes en las autovías de titularidad estatal. La resolución, a partir de un texto del BNG transaccionado en el pleno de la Cámara, muestra el rechazo a la medida por considerarla “regresiva, que establece barreras económicas en el acceso a servicios básicos como las infraestructuras viarias, porque incrementa la inseguridad vial y porque supone un obstáculo para el desarrollo económico y la cohesión social de Galicia”.

Para el nacionalista Luís Bará, el Gobierno “solo busca hacer caja” y “perjudica gravemente a Galicia”.

La socialista Patricia Otero recordó que en 2012 y 2018, con gobiernos del PP, “de forma mucho más oficial, porque había informes y propuestas concretas”, se habló del establecimiento de estos peajes. “El PSdeG está en contra independientemente de quien lo haga”, argumentó. Además, aseguró que el Gobierno pretende “abrir ese debate, pero sin consenso no se llevará adelante.

Por su parte, Diego Calvo (PP) reclamó al Gobierno que “retire” este planteamiento “claramente discriminatorio con Galicia”.

También existió unanimidad entre los grupos para exigir el pago “inmediato” de los 204 millones de euros que le corresponden a Galicia por la recaudación del IVA de 2017 y que el Gobierno se negaba a abonar. Una sentencia le dio la razón a la Xunta, pero Hacienda aún no ha pagado.