Un dependiente debe esperar de media en Galicia 371 días desde que solicita la prestación hasta que la recibe, una demora que duplica el plazo fijado legalmente. Solo el pasado año unos 700 mayores fallecieron enredados en el laberinto burocrático de la dependencia. La Xunta quiere darle arreglo y por eso impulsará una “ambiciosa” reforma, en palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Se reducirá papeleo, se unificarán trámites, se crearán equipos itinerantes para valorar a los mayores que acudirán allí donde haya más atasco e incluso evaluarán a los dependientes en su propio domicilio. Además se crearán vías preferentes para agilizar la atención de los casos más graves. El objetivo es recortar las esperas a la mitad.
Feijóo reconoció que que existe “un galimatías jurídico de primer nivel” en relación a la dependencia que es regulada por once órdenes distintas y ocho decretos. A esto se suma que los solicitantes deben rellenar un complejo formulario de 26 páginas para solicitar la ayuda. Una de las medidas que impulsará el plan de choque de la Consellería de Política Social será reducir a la mitad este impreso, de manera que solo será necesario presentar un informe médico y un informe social para pedir la prestación.
Otro avance importante que contribuirá a la reducción de plazos es la unificación de la solicitud para el reconocimiento de la dependencia y de la tramitación del Programa Individualizado de Atención (PIA). Hasta ahora para obtener una prestación se debía pasar por dos trámites. En primer lugar se solicitaba la evaluación del grado de dependencia, que determinaba si se tiene derecho a una ayuda. Una vez superada esta fase se iniciaba el proceso para definir cuál es la prestación más adecuada al dependiente en función de sus circunstancias. Ahora estos dos procedimientos se funden en uno, lo que acortará sensiblemente los plazos.
Otra traba con la que se encuentran muchas familias es que si no están de acuerdo con la prestación que le asignan y quieren reclamar otra, deben iniciar de nuevo la tramitación de un PIA. Eso se acabará con el plan de choque que pondrá en marcha la Xunta. El programa de atención incluirá alternativas al servicio preferido por la familia para que, en caso de que la primera opción no disponga de plazas disponibles en ese momento, pueda tener acceso a las siguientes opciones.
De esta manera, por ejemplo, si a un dependiente le dan ayuda a domicilio porque no hay sitio en una residencia, en el momento en que quede una vacante se le asignará inmediatamente la plaza, sin necesidad de repetir el procedimiento del PIA.
Además, se crearán nuevos centros de valoración, se habilitarán equipos itinerantes y se optimizarán las rutas para evaluar a más dependientes en sus domicilios. También se crearán “vías preferentes” para que las personas que padezcan ciertas dolencias puedan acceder de forma urgente a una prestación. Este sistema ya permitió que las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se tramiten en menos de un mes.
Otros acuerdos
Además del plan de choque para agilizar la atención a dependientes, la Xunta aprobó ayer en su reunión semanal el Pladiga de este año, que contará con cuatro nuevas brigadas helitransportadas, una unidad de investigación de fuegos y cámaras de vigilancia que cubrirán el 70% del territorio Se declaran un total de 35 parroquias como de alta actividad incendiaria, donde se concentran el 90 por ciento de los fuegos.
El Consello de la Xunta dio además luz verde a un plan de de apoyo a pymes y autónomos por 14 millones de euros que incluye ayudas a la digitalización y una línea de préstamos. Y para agilizar la justicia tras los efectos del COVID, el Gobierno gallego destinará 1,7 millones de euros para reforzar 18 juzgados de lo Social y lo Mercantil, cuatro secciones de las audiencias provinciales y la sala social del TSXG.
En cuanto a las medidas que se adoptarán para hacer frente al COVID el próximo curso escolar, Feijóo se mostró partidario de mantener la mascarilla. El titular de la Xunta ve “ilegal” el proyecto de ley contra el fraude fiscal que aprobó ayer el Congreso porque “atenta” contra el autogobierno de Galicia y contra el Derecho Civil gallego, al eliminar las ventajas fiscales asociadas a las herencias en vida.
