La mayoría de las comunidades, Galicia entre ellas, defiende que la partida extraordinaria de 13.486 millones de euros correspondientes al año 2021, el conocido como fondo COVID, que el Gobierno les transferirá se reparta por criterio de población ajustada. La cesión, que equivale a la mitad del déficit autonómico previsto para este año, fue anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en octubre en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunión en la que los responsables de finanzas de cada comunidad debatieron con el Gobierno las cuestiones relativas a la financiación autonómica. Montero avanzó entonces que las comunidades no tendrían un objetivo de déficit obligatorio para este año al seguir suspendidas las reglas fiscales. En cambio, fijó una tasa de referencia para el ejercicio del 2,2% del PIB, y se comprometió a que el Estado asumiera la mitad de ese desfase, el equivalente los 13.486 millones.
Tras la carta remitida la semana pasada por el Ministerio de Hacienda a los departamentos autonómicos en la que les pedía que escogieran entre dos fórmulas para asignar este fondo, diez comunidades se han decantado por la opción que tiene en cuenta factores como la edad de la población o la superficie frente al peso del PIB.
Finalizado el martes el plazo para que las comunidades confirmasen sus preferencias, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana se decantaron por el criterio de la participación relativa de cada territorio en la población ajustada en términos equivalentes.
Por el contrario, Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja defienden que se tenga en cuenta el peso del PIB . Euskadi no se ha posicionado.
Criterio de la Xunta
Desde la Consellería de Facenda apuntan que, en relación al reparto a las comunidades autónomas de los recursos procedentes de la UE para luchar contra la pandemia, Galicia siempre defendió el empleo de los criterios propios del sistema de financiación autonómico y denunció que el uso por parte del Gobierno central de “criterios diversos y diferentes a los del sistema” perjudicaban a la comunidad gallega.
Por este motivo, desde el departamento que dirige Valeriano Martínez ha reiterado al Ministerio de Hacienda su apuesta por “el empleo del criterio de población ajustada porque es el propio del sistema de financiación autonómico”.
