El exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, que va a ser juzgado por 80 supuestos delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave en la línea en la que se produjo el accidente del tren Alvia en Angrois, ha dejado su puesto de libre designación como alto cargo en la empresa pública.

Cortabitarte presentó su renuncia este lunes a la subdirección en la que estaba desde 2017, la de Gestión Logística de Aprovisionamientos, y Adif la ha aceptado, confirman fuentes del ente público. Ahora, queda con la categoría con la que accedió: la de técnico especialista.

La plataforma de víctimas del accidente llevaba años reclamando el cese de este alto cargo de su puesto de libre designación, y es que el siniestro en el que murieron 80 personas y por la que serán juzgados tanto Cortabitarte como el maquinista ocurrió en julio de 2013.

De hecho, en una reunión en 2018, tanto el ministro por entonces de Fomento, José Luis Ábalos, como la presidenta de Adif, la gallega Isabel Pardo de Vera, se comprometieron a que abandonaría la dirección de la empresa pública en "el momento procesal" de la apertura del juicio oral.

Sin embargo, el pasado mes de abril, a los pocos días de hacerse público el cierre definitivo de la instrucción, y a preguntas de los periodistas durante un acto en Compostela, el titular ahora de Transportes -la nueva denominación del ministerio- defendió que Andrés Cortabitarte siguiese en esa subdirección general, al alegar no tenía ya "ninguna responsabilidad en materia de seguridad".

Se enfrenta a cuatro años

Los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña atribuyen al que fuera director de seguridad en la circulación de Adif la falta de atención del "riesgo especial de descarrilamiento" en la curva de A Grandeira. Por su parte, el fiscal, en su escrito de acusación, en el que pide para él cuatro años de cárcel, como para el maquinista, sostiene que "el accidente no hubiese sucedido si Adif y Cortabitarte hubiesen gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo". Esa ausencia de gestión fue la que provocó, según el Ministerio Público, que la línea no fuera segura.

La seguridad ferroviaria, un año después del accidente de tren en Angrois ATLAS

Las víctimas piden más dimisiones

La plataforma de víctimas del accidente ferroviario considera que los exministros José Blanco y Ana Pastor "tienen que seguir los pasos" del exdirector de Seguridad de Adif. Considera que la salida de Cortabitarte marca el camino que han de seguir los exresponsables de Fomento durante la construcción, puesta en servicio y momento en el que descarriló el tren en la curva de A Grandeira. "Ana Pastor y José Blanco tienen que seguir los pasos del exdirector de Seguridad ADIF: pedir perdón, asumir su responsabilidad y dejar cualquier cargo público", sentencia la plataforma en un comunicado remitido a los medios este jueves.

Para la plataforma, las posiciones del fiscal del caso, la Audiencia Provincial de A Coruña, el juez y la Unión Europea "dejan claro" que "no se cumplió la normativa" en la puesta en funcionamiento de la conexión por tren Alvia entre Santiago y Ourense. Así, inciden en que se produjeron modificaciones "importantes" del proyecto original durante la etapa del socialista Blanco al frente de Fomento, cartera en la que el gallego fue sucedido por la popular Ana Pastor, período en el que fue desconectado el sistema de seguridad ERTMS.

"Fiscalía, Audiencia, el juez y Europa desmontan la verdad oficial, que con Ana Pastor al frente de Fomento quisieron hacer creer a toda la sociedad: que el Gobierno hizo una investigación indepediente, que se cumplía la normativa, que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de Alta Velocidad", remarca la plataforma, que también señala a José Blanco como responsable del Ministerio de Fomento en el momento en el que fue autorizada la entrada en funcionamiento de la línea "sin que ésta cumpliera la normativa".

Por todo ello, las víctimas consideran que ambos extitulares de la cartera de Fomento deben abandonar los cargos públicos que ocupan en la actualidad, la primera como vicepresidenta del Congreso y el segundo en Enagas, empresa con participación del Estado; previo paso a "pedir perdón" por su actuación.