Cuando la crisis del COVID-19 estalló, el sistema sanitario rozó el colapso. Miles de personas tuvieron que ser ingresadas en centros hospitalarios o estar aisladas en sus domicilios, además de cientos de miles sufriendo problemas económicos para llegar a fin de mes ante la clausura de negocios y el parón de actividad. Al mismo tiempo, esa inédita coyuntura se intensificó con un confinamiento de tres meses que agudizó los problemas domésticos. Esta excepcionalidad disparó las renuncias voluntarias de progenitores gallegos al cuidado de sus hijos menores de edad, que decidieron dejar bajo el amparo de la Xunta de forma temporal. El año pasado se batió el récord histórico de casos con 507 niños en esa situación, un 25% más que en el año 2019.
“Durante el confinamiento hubo un mayor número de casos de tensión domiciliaria en hogares con adolescentes con problemas de conducta. Estos casos han crecido en los últimos años y suponen un porcentaje importante de las guardas voluntarias de menores”, reconoce Cristina Blanco, subdirectora xeral de Política Familiar e Infancia. “También tuvimos bastantes casos de renuncias temporales por padres y madres que eran ingresados por culpa del COVID-19 y carecían de familiares con los que dejar a sus hijos”, añade sobre la excepcionalidad vivida durante el ejercicio pasado.
Los últimos años han mostrado una tendencia al aumento de progenitores que llaman a la puerta de la Consellería de Política Social para solicitar que asuman el cuidado temporal de sus hijos. Entre 2013 y 2019, los casos aumentaron un 70%. Ahora han repuntado otro 25% adicional con 104 expedientes más que en 2019 hasta alcanzar, al cierre del último ejercicio, los 507.
Guarda, no tutela
¿Qué lleva a una madre o a un padre a dejar a sus hijos al cuidado de la Xunta? La necesidad o la incapacidad. “Existe una gran casuística”, avanza Blanco, que recuerda que en estos casos “la administración asume la guarda de los niños, es decir, su cuidado; los padres mantienen la patria potestad, por lo que toman las decisiones importantes que afectan a su vida”. La Xunta se encarga del día a día, de alimentarlos, darles un hogar temporal, garantizar su derecho a la educación y una atención psicológica a su evolución ante un cambio de vida radical.
La Xunta tuvo el año pasado a 1.921 menores bajo tutela, figura que supone retirarle la patria potestad a los padres y que se decide por orden judicial. Otros 650 eran guardas, de las que 507 eran voluntarias, es decir, a petición de las madres y padres.
“Hay casos de todo tipo. Muchos tienen que ver con que no pueden cuidar de ellos porque se ausentan por trabajo o sufren un ingreso hospitalario, están enfermos o deben cumplir condena en un entro penitenciario”, ilustra Blanco. También existen casos de incapacidades para cuidar a los niños por culpa de tratamientos para superar adicciones a drogas y/o alcohol.
Revisión semestral
Estas renuncias voluntarias a la guardia son un procedimiento excepcional, pero aumentan año tras año. “Una de las causas es que las familias se atreven cada vez más a sacar los problemas fuera de casa. Por suerte, cada vez son menos reacias a pedir ayuda para solucionar problemas graves que antes se querían resolver de puertas adentro”, comenta la subdirectora de Política Familiar e Infancia.
El proceso es, lógicamente, reversible y se trata de que se realice de común acuerdo con los servicios sociales. Cada seis meses se revisa el expediente de cada menor, aunque esa periodicidad depende del caso. “Los seguimientos son diarios, pero cada seis meses, o tres en caso de los más pequeños, debe realizarse un informe”, aclara Blanco. En caso de que se superen las causas que motivaron ese distanciamiento padres/hijo, se les devuelve la guarda a los primeros.
¿Y cómo responden los niños? “Hay una respuesta distinta por caso. Si el año pasado tuvimos 507, hubo 507”, sostiene Blanco. “Cuando se trata de una guarda por un ingreso hospitalario o una ausencia temporal, se les explica que no depende de ellos. Es diferente cuando se debe a comportamientos disociales o disruptivos, ahí es necesaria una intervención de base adaptada a cada caso”, concluye la responsable de la Xunta.
