El primer año de la pandemia de COVID-19 causó una recesión económica sin precedentes desde la Guerra Civil generada por el golpe de Estado fascista de 1936. Cientos de miles de personas en ERTE’s, actividades como la hostelería o el ocio nocturno paralizadas y problemas para pagar la renta de muchas familias. En ese contexto, Galicia mantiene sin gastar el 57% de los 66,6 millones de euros cedidos por el Gobierno central para conceder ayudas de vivienda. Durante los tres primeros ejercicios de la estrategia planeada entre 2018 y 2021, la comunidad solo ejecutó 28,73 y mantiene casi 38 como remanentes.
El problema del acceso a la vivienda se agudiza, con la mayor cifra de jóvenes sin poder emanciparse en Galicia, aunque las medidas del Gobierno central frenaron el año pasado los desahucios, que pasaron de 2.271 en 2019 a 1.398, según datos del Consejo General del Poder Judicial. De esas cifras, 1.800 y 1.150, respectivamente, correspondían a alquileres.
El Plan Estatal de Vivienda consiste en una financiación específica para ayudas al acceso a la vivienda que reciben las comunidades autónomas. Por un lado, financian un complemento del alquiler. Por otro, sirven para contribuir a fomentar la rehabilitación de inmuebles. En el primer caso, por ejemplo, la administración asume entre el 40% y el 50% de la renta mensual de los beneficiarios, cuyas unidades de convivencia deben ingresar anualmente entre 5.263 euros (0,7 veces el indicador público de renta de efectos múltiples) y 15.039 (2 veces el Iprem), aunque esa cifra se eleva a 30.078 euros en el caso de familias numerosas.
Las características de estas ayudas condicionan su ejecución, que apenas alcanzó el 43% hasta ahora, según consta en las modificaciones presupuestarias del pasado mes de febrero. “Se recaudaron derechos por importe de 66.676.528 euros, mientras que el gasto ejecutado fue de 28.730.524; existe, por tanto, un remanente de tesorería acumulado desde el inicio del plan de 37.946.004 euros”, reza la información económica autonómica. “No se dejan sin ejecutar los fondos, sino que las ayudas se concedieron y aún no se pagaron o se están pagando mes a mes, como el alquiler”, explican desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
El departamento de Ángeles Vázquez alega que el formato de las ayudas condiciona el ritmo de ejecución. “Hay muchas ayudas que son plurianuales, que se conceden un año, pero no se pagan en el año de concesión”, indican. “Los fondos pendientes se incorporan al presupuesto de 2021, y parte de ellos se incorporarán al de 2022, porque se van a pagar estos años”, añaden antes de poner un ejemplo: “Si se concedió una ayuda en los últimos meses del año, la mayor parte de la ayuda se pagará en el segundo y tercer año”.
El PSdeG exigió recientemente mejorar los indicadores de ejecución en este apartado, que también fueron bajos en las partidas destinadas a rehabilitar edificios. De los 64,5 millones previstos, se gastaron 43. La Xunta reitera que ese bajo porcentaje de ejecución también depende del formato de ayudas. “Se concede la ayuda, pero no se paga hasta que el adjudicatario acredita haber realizado la obras. En obras pequeñas puede suceder que la concesión y el pago se realicen el mismo año, aunque si la concesión se produce en los últimos meses del ejercicio el pago se realizará seguramente el siguiente. Las obras grandes, que duran meses, hacen que la ayuda se pague en un año diferente al de concesión”, añaden desde Medio Ambiente.
