La justicia ha dado un vuelco al mercado del juego en Galicia, que el Tribunal Supremo decidirá si es definitivo. La Audiencia Nacional tumba de momento el poder de veto que los dueños de las máquinas tragaperras tenían sobre la instalación de terminales de apuestas en bares y cafeterías de la comunidad, decisión recurrida por la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO).
Los dos litigios abiertos en la comunidad han derivado en un golpe judicial a uno de los puntos más espinosos del decreto gallego que reguló las apuestas deportivas en 2012. Uno de sus artículos establece los requisitos para la ubicación de una de esas terminales de juego en locales de hostelería de la comunidad. Estos deben contar con licencia para máquinas B (tragaperras) y, además, es obligatorio el consentimiento del operador de esta última, es decir, las empresas de juego tradicional podían prohibir que el dueño de un bar colocase al lado de su máquina una terminal de apuestas.
El primer caso se refería a un local de Betanzos, que ganó y logró la licencia para explotar las apuestas en su negocio sin el visto bueno del operador de tragaperras a comienzos de año. Ahora el caso se ha repetido en Santiago. El dueño de un local hostelero tampoco podía instalar un dispositivo de apuestas por carecer del consentimiento del operador de la tragaperras con que ya contaba en sus instalaciones. Ante la negativa de la Xunta a aceptar la solicitud de licencia, acudió a los tribunales la empresa de juego responsable de esta: Gestión de Apuestas Gallegas S. L. Demandó al Ejecutivo gallego y a AGEO a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En el punto de mira situó ese requisito de luz verde de un competidor para que funcione otro negocio en un bar o una cafetería.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es tajante en un fallo del 16 de abril al tumbar esa cláusula del decreto de la Xunta y permitir al local de Santiago instalar una terminal de apuestas sin necesidad del consentimiento de un tercero. Esa norma “ha limitado el ejercicio de actividades económicas sin tener en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad”, reza el fallo, que justifiquen el requisito.
“No ha quedado justificada la concurrencia de una razón imperiosa de interés general que justifique la imposición de la exigencia [...] y que sea imprescindible para garantizar el control del número de máquinas, la salud y el orden público”, añade el fallo de la Audiencia Nacional antes de lanzar un rejonazo a la Xunta, cuyos argumentos “parecen inclinarse a la protección de los intereses económicos de determinados operadores económicos y no del interés general”.
Las terminales para apostar se reducen pese a la desescalada
El sector de las apuestas ha sufrido también el embate del COVID-19, hasta el punto de que el año pasado se redujo por primera vez la cifra de máquinas instaladas en locales de hostelería, pasando de las 3.954 del año 2019 a 3.779. El proceso de desescalada de este año, lejos de revertir la situación, la ha mantenido, pues la cifra disminuyó de nuevo hasta las 3.735, casi medio centenar menos que a finales de 2020, según los datos de la Vicepresidencia de la Xunta. Este negocio vive así su primera contracción tras un aumento exponencial de su presencia desde 2013, cuando se instalaron las primeras máquinas. Tres años después, las empresas presionaron a la Xunta y lograron que se ampliase de 2.000 a 3.600 el límite de dispositivos en bares y cafeterías.
A fecha del pasado día 10, la hostelería contaba con 2.961 terminales, tres menos que a finales de 2020, mientras que en salones de juego había 546 y en tiendas de apuestas 228. Su suma es inferior en 41 unidades a la de 2020. Ante el aumento del juego (según la encuesta ESTUDES, 6.600 adolescentes apuestan a través de internet), la Xunta continúa tramitando su proyecto de Lei do Xogo y ha comenzado a elaborar una norma específica contra las adicciones.
