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El laberinto judicial del “Prestige”

El helicóptero de Salvamento Marítimo en la cubierta del “Prestige” poco tiempo antes de su hundimiento

El helicóptero de Salvamento Marítimo en la cubierta del “Prestige” poco tiempo antes de su hundimiento LOC

Casi 19 años después del siniestro, aún no se ha resuelto el pago de los daños

Casi 19 años después de la marea negra del Prestige, el viejo petrolero sigue su singladura judicial. Su travesía no solo ha sido errática y suicida en el mar, sino que también ha dado bandazos en los tribunales. Dirimida a finales de 2018 la responsabilidad penal por el mayor desastre medioambiental ocurrido en aguas españolas, con la condena del capitán del buque, Apostolos Mangouras, a dos años de cárcel, el pago de la factura que dejó el vertido de más de 66.000 toneladas de fuel todavía no ha sido resuelto. Tras una instrucción de casi diez años y un juicio de nueve meses, el nuevo litigio arrancó a finales de 2019 en Londres, donde España interpuso una demanda ejecutiva para cobrar de la aseguradora del Prestige (London P&I Club), los mil millones de dólares (885 millones de euros) de la póliza suscrita por la armadora. Esta cantidad apenas representa el 40% de los más de 2.300 millones en los que el Tribunal Supremo cuantificó los perjuicios ocasionados en más de 3.500 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño en Portugal hasta el litoral francés.

La factura del Prestige: 4442 millones de euros Agencia Atlas

Esta misma semana, la Justicia británica, que es la que resolverá la parte económica del caso por tener la aseguradora su sede en Londres, rechazó el recurso interpuesto por la compañía y avaló el fallo del Supremo que la obliga al pago de los casi 900 millones del seguro. España gana así la primera de las batallas contra el entorno del petrolero, pero queda por delante un “lento” y “complejo” proceso en los tribunales británicos.

Por un lado, la Abogacía del Estado tendrá que sortear el Brexit, ya que con la salida de Reino Unido de la Unión Europea se pierden instrumentos de cooperación jurídica que antes harían más sencillo recurrir ante los tribunales británicos. Y por otro, el arbitraje que reclama la aseguradora y que, según fuentes próximas al caso, “no tiene intención alguna de llegar a acuerdo”. “Con el arbitraje, se propone a un árbitro, que es el que decide. Y lo que dicte es de obligado cumplimiento para las dos partes. Es jugar a cara o cruz”, lamentan. 

Partes personadas auguran un proceso complejo que irá más allá de 2022

¿Cuándo se cerrará de manera de definitiva la travesía judicial del Prestige? Partes personadas en el proceso dan por hecho que, cumplido el vigésimo aniversario del hundimiento del petrolero frente a la costa de Fisterra, en noviembre de 2022, todavía no se habrá resuelto el pago de los daños. De acatar los tribunales británicos la resolución del Supremo, los casi 900 millones de euros irán a parar a las arcas del Estado español, ya que tras el accidente del Prestige adelantó las indemnizaciones a los afectados.

Instrucción accidentada.

La singladura judicial del Prestige arrancó en el pequeño juzgado de Corcubión, que tuvo que lidiar con el sumario más prolijo de la historia gallega: casi 300.000 folios. Los cambios de juez durante los nueve años que se prolongó la instrucción –hasta seis magistrados tomaron las riendas del proceso–, las múltiples ramificaciones internacionales de la causa, sumado a las anomalías en los peritajes y el desacuerdo de la mayoría de las partes personadas derivaron en el atasco de la investigación.

Juicio descafeinado.

Ni pago de daños, ni pena de prisión. Tras nueve meses de juicio –arrancó en noviembre de 2012–, la Audiencia Provincial de A Coruña eximió de cárcel y del pago de daños a los tres acusados: el capitán del barco, el jefe de máquinas, y el exdirector de la Marina Mercante, único cargo público imputado en la causa. En una sentencia dictada un año después de arrancar la vista, el tribunal señaló como único responsable de las deficiencias estructurales del barco a ABS, la clasificadora que había certificado meses antes del naufragio que el Prestige era apto para navegar y pero que no se había sentado en el banquillo.

Fallo del Supremo.

Con casi una veintena de recursos contra la resolución exculpatoria de los tres únicos procesados, el Supremo corrigió el fallo de la Audiencia de

A Coruña al señalar al capitán como responsable del delito medioambiental, abriendo además la puerta a la reclamación de responsabilidades civiles. Una decisión que en la práctica solo dejaba la puerta abierta a reclamar a la aseguradora el importe de la póliza suscrita.

Demanda en EE UU.

Ante la sentencia del Supremo que señalaba como responsable a la clasificadora, España desistió de interponer una nueva demanda contra ABS. Y es que ya había perdido una batalla en Estados Unidos contra ABS. Al no apreciar pruebas suficientes para culpar a la empresa del accidente, el tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York eximió a la clasificadora del pago de mil millones de dólares en indemnización, una cantidad reclamada por España en la demanda que interpuso en mayo de 2003 al considerar que la clasificadora, con sede en Houston, actuó de forma negligente al certificar apenas seis meses antes de la marea negra que el Prestige podía navegar.

Litigio en Reino Unido.

Hace ya de cinco años, España y Francia dieron la batalla contra la aseguradora en Gran Bretaña, pero no lograron su objetivo, que era que el pleito por el dinero del seguro fuese en sus respectivas jurisdicciones en lugar de estar sujeto a los tribunales de arbitraje británicos.

El “Prestige”, en el momento de ser remolcado.

El “Prestige”, en el momento de ser remolcado. LAVANDEIRA JR.

Último frente judicial.

La última palabra sobre el desastre medioambiental que provocó el Prestige lo tendrá la Justicia británica por estar radicada en Londres la sede de la aseguradora. En un intento por dilatar el proceso, London P&I Club intentó maniobrar con un recurso para evitar que el litigio se iniciase en Reino Unido. Pero esta misma semana, el juez el juez Christopher Butche lo denegó y concluyó que la aseguradora tendría que haber continuado la batalla judicial en los tribunales españoles si, como asegura, en el proceso se habían vulnerado sus derechos fundamentales y se había producido una situación de indefensión. Pero el proceso sigue abierto, ya que cabe la interposición de recurso. Además, la aseguradora mantiene abiertos otros dos procedimientos para forzar un arbitraje internacional, ya que –alega– es lo que prescribía el contrato con el petrolero.

Pagos ya realizados

Los afectados por la marea negra ya cobraron las indemnizaciones por los daños causados por el vertido, unas partidas que fueron adelantadas por las distintas administraciones y el Fidac. Aunque la Fiscalía cifró durante el juicio en más de 4.400 millones los perjuicios que dejó el vertido, la póliza de la aseguradora tiene esos mil millones de dólares de límite. De ganar la batalla en Reino Unido, la práctica totalidad de esa cantidad será para el Estado español que en su día adelantó los pagos a los perjudicados.

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