La salud financiera de los concellos gallegos presenta un estado general vigoroso, pero, aun así, casi el 40% de ellos se arriesga a sufrir algún castigo por parte del Ministerio de Hacienda que entorpezca su gestión por haberle remitido tarde alguna de la documentación económica y contable que impone la legislación.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) alerta sobre la carga burocrática que deben asumir para cumplir las exigencias de transparencia y control de sus finanzas sin contar, en el caso de los ayuntamientos medianos y pequeños, con suficiente personal. “El análisis de datos y rendimiento de cuentas es imprescindible, pero no puede ser que el mecanismo alcance tal complejidad que suponga un lastre para la propia gestión”, advierten los municipios.
El origen del problema al que se enfrentan 119 concellos –entre ellos Ourense como única d e las siete urbes– y la Diputación de Ourense deriva de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) lideró una serie de reformas encaminadas a evitar el rescate de toda la economía española mediante recortes del gasto público, dictadas en su mayoría por la troika. Hasta se reformó la Constitución, con apoyo de PP y PSOE, para priorizar el pago de la deuda pública y garantizar el acceso a la financiación en los mercados.
Era el momento más duro de la crisis económica mundial desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers, el banco de inversión estadounidense que destapó la fragilidad del sistema financiero global.
La citada legislación embridaba el gasto público, conteniendo el incremento de deuda, de las administraciones, especialmente de comunidades y entidades municipales. Para vigilar sus finanzas, estableció dos niveles de obligaciones de envío de información económico-financiera. Por un lado, cada trimestre se reportaría la evolución de la ejecución de las cuentas, los préstamos suscritos, el período medio de pago a proveedores. En caso de desfase de los estándares fiscales, se obligaría a aplicar planes de ajuste y recortes.
Por otro, se establecía un calendario anual para remitir datos. De incumplir las fechas, los infractores se enfrentaban a sanciones del mismo calado al fijado si sus finanzas se desbocaban. En esa situación se encuentran 119 ayuntamientos gallegos, según el Ministerio de Hacienda. Este departamento les achaca el incumplimiento del envío de uno a seis documentos exigidos.
El proceso sancionador no se ha puesto en marcha aún. Si Hacienda les envía un requerimiento de información, se activará la cuenta atrás de 15 días para evitar medidas como la retención de fondos estatales o incluso la intervención de sus finanzas.
Pero, ¿qué deben enviar? El citado cronograma establece por ley que antes del 15 de septiembre tienen que remitir las líneas generales de sus cuentas para el siguiente ejercicio (previsión de gastos, ingresos, deuda, cumplimiento del déficit fijado, regla de gasto...); antes del 1 de noviembre, el coste efectivo de sus servicios; antes del 31 de enero, las cuentas del año en curso o las prorrogadas; antes del 31 de marzo, la liquidación del año anterior; y antes del 31 de octubre, la liquidación de las entidades municipales.
El efecto del COVID-19
Le faltan documentos a la Diputación de Ourense y 119 concellos, de los que 18 corresponden a Pontevedra; 21 a A Coruña; 31 a Lugo; y 49, a Ourense, según Hacienda. De todos ellos, solo 19 presentan cuatro o más incumplimientos, circunstancia agravada por los efectos de la pandemia sobre la burocracia.
“El año pasado fue muy complicado por el coronavirus. La mayor parte de los concellos incumplen por demoras en la entrega de uno o dos documentos. Los casos más graves son minoritarios y pueden deberse a la falta de infraestructura o a una circunstancia puntual”, expone la Fegamp, que pide una “reflexión” sobre la creciente “complejidad” de datos exigidos por Hacienda que “no llevan aparejada una dotación de medios acorde”. Para los concellos pequeños “es especialmente difícil cumplir tantas exigencias”.
Un ejemplo es Silleda, que no ha remitido ninguno de los documentos exigidos. Fuentes municipales confirman que están a punto de enviar la mayor parte de esa información y recuerdan que no han recibido aún un requerimiento de Hacienda y que cumplen las obligaciones económicas y contables que acarrearían sanciones.
También figuran en el listado los concellos pontevedreses de Barro, Cambados, Catoira, Crecente, Cuntis, Agolada, Lalín, Mondariz-Balneario, Moraña, Oia, O Porriño, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Tomiño, Vila de Cruces y A Illa de Arousa.
La FEMP aspira a gestionar el 15% de los fondos europeos para la recuperación
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicita al Gobierno central una asignación directa del 15% a las entidades locales de los fondos europeos y el mismo porcentaje, para las comunidades, una vez descontados los gastos sanitarios vinculados a la pandemia. La junta de gobierno de los ayuntamientos se reunió el miércoles, así como el consejo territorial, y aprobó plantear esa petición, el porcentaje equivalente a la participación de las entidades locales en el gasto público. Asimismo, reclaman que la suspensión de las reglas fiscales se extienda también a los ejercicios de 2022 y 2023, una cuestión que, según la FEMP, “Europa ya plantea” y que será necesaria porque “la utilización de los fondos europeos no sería posible con la aplicación de las reglas fiscales. También están pendientes la devolución de más de 750 millones de euros del IVA del año 2017 –60 para Galicia–, y el Fondo Covid de 3.000 millones. Mismas reclamaciones defendió ayer el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, en su reunión con la secretaria de Estado de Coordinación Territorial, Myriam Álvarez.
