Mayor desembolso de los conductores y estampida del tráfico a las carreteras secundarias. Estas serán las dos consecuencias que conllevaría el plan del Gobierno central de cobrar por el uso de las vías de alta capacidad a partir de 2024, una propuesta enviada a Bruselas para garantizar con esta recaudación la conservación de las carreteras del país, pero que ahora se ha rebajado a “reflexión” de una medida que solo saldría adelante si hay consenso político. Las críticas de la oposición, empresarios, transportistas, autónomos y colectivos de conductores llevaron al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a dar marcha atrás el martes en el Senado y ayer en el Congreso al asegurar que no se impondrán estos peajes sin acuerdo del sector del transporte y el beneplácito de la mayoría de las Cortes y de las comunidades autónomas, que también quedarían facultadas para cobrar en sus autovías.
El día en que en España haya que echar mano de la tarjeta por utilizar una autovía –casi 6 euros por viajar de Galicia a Madrid o un euro por ir de A Coruña a Lugo o de Ourense a Vigo, según la propuesta del Ejecutivo que fija el coste en 1 céntimo por kilómetro–, el 90% de los conductores preferirán dar un rodeo y desplazarse por carreteras secundarias, las que concentran más tramos de riesgo y registran los índices más altos de siniestralidad, según recoge una encuesta realizada por el Real Automóvil Club de España (RACE). En Galicia, este tipo de vías concentran el 90% de los accidentes de tráfico mortales ocurridos en la comunidad.
Déficit de conservación
La propuesta de que la red principal deje de ser gratis se remonta ya a 2019, pero este año ha sido rescatada por el Ministerio de Transportes para acabar con el déficit de 8.000 millones que acumula la conservación de las carreteras. Junto con el sector del transporte de mercancías, autónomos y partidos políticos, el RACE se opone de plano a estos peajes recordando que los usuarios ya aportan cada año 30.000 millones en impuestos. En consecuencia, advierte de que los peajes en autovías “volverían a cargar de problemas las espaldas y los bolsillos de los conductores”, a los que “pondría en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas”.
El director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas, es tajante: no se solucionará el problema que pretende atajar –el mantenimiento deficiente de las vías–, sino que simplemente lo moverá de sitio.
Una reciente encuesta realizada por el Observatorio de Conductores del RACE señala que casi que el 80% los conductores están en desacuerdo con el pago por uso de autovías y autopistas actualmente gratuitas; nueve de cada diez aseguran que siempre o a veces buscaría carreteras alternativas (un 52% optaría siempre por la red secundaria y el 39% en ocasiones, según el motivo del viaje y la urgencia del desplazamiento) y el 79% teme que, con esta deriva a vías menos seguras, se incrementen los accidentes de tráfico.
Coste repercutido
“Cuando un transportista vea incrementados los costes por llevar su carga, acabarán repercutiéndolos en el precio final del producto”, añade el director de Seguridad Vial del RACE, de manera que, a su juicio, “la medida no es solo contra el bolsillo de los conductores, sino el de toda la sociedad”.
La propuesta de cobrar por usar las vías de alta capacidad no es nueva, aunque en ningún caso se llegó a aplicar. Los gobiernos del PP lo estudiaron al menos dos veces. Una en el año 2012 y otra en febrero de 2018, cuatro meses antes de la moción de censura de apartó a Mariano Rajoy de La Moncloa. “En mi caso no hay informes, ustedes estaban mucho más avanzados”, dijo Ábalos al diputado del PP Andrés Lorite, que acusó al ministro de “mentir”, de “engañar a los transportistas” y de “ocultar” que habían incluido esa medida en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas.
