La atención sanitaria postpandemia no será la misma que antes del COVID. Hay cambios que han llegado para quedarse, por ejemplo, las consultas telefónicas. En plena polémica por la decisión de la Consellería de Sanidade de condicionar el plus de productividad que cobran los médicos a que aumenten al 60 por ciento las citas presenciales, el conselleiro, Julio García Comesaña, advirtió que ése es el mínimo que quieren recuperar, pero aclaró que los niveles de presencialidad anteriores a la crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus “probablemente no volverán a darse”.
Según aclaran desde la Consellería de Sanidade, la medicina “evoluciona”. Por eso, defienden la opción telemática como una vía para renovar recetas, informarse del resultado de análiticas... “Siempre valorado por médico y paciente”, explican desde el departamento que dirige Comesaña.
Aún siendo conscientes de que no se volverá a los niveles prepandemia, la intención del Sergas es incrementar progresivamente el número de consultas presenciales en los centros de salud. Con la aparición del coronavirus se impuso la modalidad telefónica. El Consello de Bioética llegó a alertar de que este sistema pone en riesgo la accesibilidad del paciente a la atención sanitaria.
Plus de productividad
Para aumentar el porcentaje de consultas presenciales, la Xunta vincula una parte del cobro del plus de productividad que cobran los facultativos a que incrementen la presencialidad al 60 por ciento, lo que ha suscitado el rechazo unánime del colectivo médico, que apunta que está en manos del Sergas planificar y dotar de medios a los centros de salud para que eso sea posible.
“Lo más acertado es buscar un equilibrio entre un 60 por ciento de presencialidad como mínimo, aunque en algunas áreas se alcance el 90 por ciento. No creo que sea un punto de debate”, defendió el conselleiro de Sanidade ayer en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid.
Listas de espera
En este encuentro se refirió también al impacto que la pandemia ha tenido sobre las listas de espera. Los gallegos deben aguardar 18 días más para entrar a quirófano (72,6 días en total) y casi ocho jornadas más para ser atendido por el especialista (49,3 días frente a los 41,5 de 2019).La Xunta prepara un plan de recuperación de la actividad sanitaria al que prevé destinar 15 millones de euros.
A pesar de este refuerzo, Comesaña señaló que “va a costar un tiempo” llegar a la situación anterior a la pandemia. “Calculamos que dos años”, avanzó el conselleiro de Sanidade.
Para desatascar las listas de espera, el Sergas prevé realizar 115.000 pruebas diagnósticas, que son “las que tienen más demora” a causa de la pandemia. También se incrementarán en 92.000 las consultas y se programarán 20.000 intervenciones quirúrgicas.
Para agilizar la atención el Sergas impondrá la figura de “hospital único”, de manera que los pacientes gallegos podrán ser operados o sometidos a pruebas diagnósticas en cualquier centro de la red del Sergas si su hospital de referencia no puede prestarle asistencia inmediata.
Por otro lado, Comesaña subrayó la “potenciación de las unidades de cuidados respiratorios intermedios”, extendidas a las siete áreas sanitarias. Entre otras medidas, el conselleiro informó de la incorporación de “elementos de inteligencia artificial” o nuevas tecnologías a los procesos, como la posibilidad de videoconsultas, así como las siete unidades postcovid que ya trabajan con las personas con secuelas o con COVID persistente.
VOX recurre ante el Constitucional la Lei de Saúde
Vox presentó ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 5 de la Lei de Saúde impulsada por la Xunta de Galicia que incluye medidas como la vacunación obligatoria o el control de las personas afectadas por COVID-19. Se trata del mismo artículo que está ya suspendido por el alto tribunal en respuesta a un recurso interpuesto por el Gobierno.
El partido liderado por Santiago Abascal denuncia que se trata de una ley que “claramente aniquila los derechos de los gallegos” imponiendo, sin competencias, “aspectos tan graves como el internamiento obligatorio de los asintomáticos o la vacunación obligatoria”. La secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, Macarena Olona y los diputados José María Sánchez y Javier Ortega Smith han registrado el recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo la nulidad e inconstitucionalidad del apartado cinco de la nueva ley de salud gallega.
A su juicio, recorta y atenta contra derechos fundamentales con medidas “limitativas de derechos fundamentales” que vulneran “la reserva de ley orgánica y el orden constitucional de distribución de competencias”. Vox subraya que las comunidades autónomas no pueden regular materias reservadas a la ley orgánica, como por ejemplo la posibilidad de recluir en su domicilio a la ciudadanía gallega o las medidas de limitación o restricción de la circulación o de la entrada y salida de las zonas afectadas.En cuanto a la vacunación obligatoria, Vox considera que “limita, e incluso vulnera, la plena efectividad de algunos derechos constitucionales”.
