Durante años, el saneamiento de las aguas residuales urbanas era una asignatura pendiente en Galicia. Se ha mejorado bastante, pero todavía no se han cumplido con las directrices europeas, por lo que hay cuatro expedientes abiertos por parte de la Comisión Europea. Pero mucho peor es el balance de la contaminación de origen industrial en la comunidad.
La Xunta denuncia su situación y culpa a los ayuntamientos, a los que da una reprimenda por el “insuficiente” nivel de depuración, la “deficiente” regulación de los permisos sobre estos vertidos y la ausencia de control de los mismos. También censura la mala gestión que los municipios hacen de las depuradoras ya instaladas, que lo lleva a que estén operando por debajo de su capacidad o a que se recorte su vida útil por falta de mantenimiento.
Estas son algunas de las conclusiones que la Xunta recoge en la memoria de nuevo plan hidrológico que esta semana arrancó su fase de consulta pública –por un periodo de seis meses– antes de su aprobación definitiva. Y entre sus recomendaciones para darla la vuelta a esta diagnóstico, la Administración autonómica propone a los concellos unas ordenanzas más vigorosas con un régimen de sanciones más eficaz.
Sobre la contaminación de origen industrial, la Xunta advierte que afecta de manera muy importante al medio acuático por la naturaleza de las sustancias vertidas (aceites, grasas, hidrocarburos, metales pesados o compuestos orgánicos persistentes) y que el “principal problema” radica en su falta de control por parte de las administraciones competentes, que son los ayuntamientos. Porque a la “insuficiente depuración” de estos residuos industriales se suma la “deficiente regulación de los permisos municipales de vertidos a la red de saneamientos”, se recoge en el plan hidrológico 2021-2027.
“Son pocos los ayuntamientos que están a tramitar estos permisos y prácticamente ninguno tiene un plan de control de vertidos industriales a sus redes”
Cuando los vertidos se producen directamente al mar o a un río, es la Xunta quien interviene, pero por lo general, la industria los deriva a la red municipal, por lo que serían los gobiernos locales los encargados de la vigilancia, que es escasa o nula. Y cuando estos vertidos, tras pasar por la red municipal, llegan al río o al mar, la Administración autonómica actúa, pero contra los ayuntamientos por ser su responsabilidad la depuración.
La reprimenda a los municipios continúa también por su papel en la gestión de las depuradoras, que Augas de Galicia –elaborada del informe– califica como “quizás el problema más importante”. Básicamente, la Xunta sostiene que no les prestan atención y que este comportamiento acelera el deterioro de las instalaciones.
“Se construyeron sistemas de saneamiento complejos y con costes de explotación que superan en mucho a la recaudación obtenida a través de las tasas de saneamiento y depuración”
A esto se une, prosigue el documento, la falta de formación de los técnicos municipales, motivo por el que se acaba delegando las tareas en las concesionarias de los servicios sin que desde el ayuntamiento se realice un mínimo control de calidad.
“Esta carencia en la prestación de servicios puede llevar a que las infraestructuras construidas no alcancen los rendimientos previstos en su diseño o acelerar su deterioro y disminuir su vida útil”, se expone en el nuevo plan hidrológico de la demarcación Galicia-Costa, que abarca la vertiente atlántica de la comunidad.
En cuanto al saneamiento de las aguas residuales urbanas, la Xunta sostiene que solo hay una aglomeración de más de 2.000 habitantes que no trata sus evacuaciones. Del esto, solo el 8% de las aglomeraciones incumple los requisitos de calidad y depuración exigidos por las directrices europeas.
Por eso, la Comisión Europea ha abierto cuatro expedientes que afectan a quince acumulaciones urbanas. Y uno de los expedientes está en fase de ejecución de la sentencia, el que atañe a los concellos de Pontevedra, Marín y Poio.
que el gasto de montar las instalaciones para depurar los vertidos.
“Mejorar las normativas en cuanto al control de la contaminación puntual definiendo un régimen sancionador eficaz, que permita que las medidas contra la contaminación sean aplicadas, de manera que sea más costosa la sanción que el gasto de depurar”, se expone en el documento de Augas de Galicia.
Un ejemplo de la ausencia de ordenanzas es lo sucedido en el ayuntamiento coruñés de Melide. Su polígono industrial vierte a la red municipal, pero como el tratamiento es deficiente, las sustancias contaminantes acabaron en el río. Entonces tuvo que actuar Augas de Galicia, que abrió expediente sancionador contra el Concello por ser el responsable de los vertidos, dado que estos procedían de la red municipal. Si fuera una evacuación directa de la empresa, la Xunta intervendría contra esa industria específica.
El caso que es el Gobierno local tiene que afrontar la sanción en solitario, dado que como carece de ordenanzas para sancionar las industrias que incumplan la normativa, no puede multar a ninguna empresa por este motivo.
Un régimen de sanciones más eficaz para presionar a las industrias
Entre las propuestas de actuación que recoge el nuevo plan hidrológico figura el cambiar los regímenes de sanciones para elevar la presión sobre las actividades industriales que no depuran sus vertidos. La Xunta sostiene que los vigentes no resultan operativos. Y eso en el caso de que existan, porque son los ayuntamientos, cada uno en su término municipal, los que deben establecerlos y no todos disponen de uno. Por ello, la Administración autonómica les recomienda que endurezcan o fijen procedimientos más ágiles en sus ordenanzas para actuar contra las actividades industriales que vierten a la red sin control y para que la multa sea más elevada
