En las últimas décadas, los ayuntamientos –tanto en Galicia como en el resto de España– calificaron como suelo urbanizable miles de hectáreas, sobre todo a principios de este siglo, con la vista puesta en un desarrollo urbanístico que en la inmensa mayoría de los casos no respondía a la previsible evolución de la demanda ni de la población. Esta práctica supuso, como efecto colateral, un incremento notable de ingresos para las arcas municipales, pues por estos terrenos –antes no edificables– los propietarios tienen que abonar el IBI urbano, la principal fuente de recaudación propia de los municipios. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo en 2014 dio la vuelta la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles al forzar un cambio fiscal por el que los propietarios de suelo urbanizable sin desarrollar o edificar ya no tendrían que pagar el IBI urbano –como sucedía hasta entonces–, sino el rústico, muchísimo más barato. La resolución judicial derivó, tras una reforma legal por el medio, en que los ayuntamientos tengan la obligación de reclasificar, a efectos fiscales, su suelo urbanizable sin ordenación detallada para así aplicarles el IBI rústico a sus dueños. Pero 158 concellos gallegos se resisten a solicitar al Catastro esa revisión.
Según los datos facilitados por la Dirección General del Catastro, son 108 los ayuntamientos de Galicia que desde la sentencia del Supremo han realizado un procedimiento simplificado de valoración colectiva para pasar a rústica suelo urbanizable sin ordenación detallada. Es decir, en estos ayuntamientos ya se les cobra, o está en trámite, el IBI rústico a los dueños de los terrenos que en su día fueron calificados como urbanizables, pero en los que no se avanzó nada en su desarrollo desde entonces.
Distribución provincial
El Catastro no facilita los nombres de los municipios, tan solo el número de ellos que han iniciado el proceso y la provincia a la que pertenecen: 53 a la de A Coruña, 25 a la de Pontevedra, 16 a la de Ourense y 14 a la de Lugo.
El cambio de categoría fiscal del suelo no es una revisión automática. Sigue su propio procedimiento y son los concellos –salvo los 47 que carecen de planeamiento–, los que deben asumir la iniciativa y requerir al Catastro la reclasificación para, a continuación, aplicar la contribución rústica a las parcelas catalogadas como urbanizables pero en las que todavía no cuentan con ordenación detallada, es decir, en la que todavía no se planificado ni construido nada.
"Herramienta perversa"
El arquitecto, especialista en urbanismo y profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Xosé Lois Martínez, denuncia la “utilización perversa” de la planificación urbanística que se ha hecho en el pasado por haberse convertido, a su juicio, “en una mera herramienta para la obtención de recursos económicos por parte de los ayuntamientos”.
Los planes no se hacen, opinó, para cubrir las necesidades de la población, que en una comunidad como la gallega, presa de una fuerte crisis demográfica, no necesitaría demasiado espacio, sino que se abusó de la creación de suelo urbanizable para garantizarse un mayor volumen de ingresos con la aplicación del IBI.
Inflación urbanística
El Sistema de Información Urbana del Ministerio de Transporte refleja que en Galicia, solo con los datos de 213 ayuntamientos, hay actualmente 47.600 hectáreas de urbanizable –tanto delimitado o sectorizado como sin ordenación detallada–. Es decir que tal como están los planeamientos, Galicia ahora mismo podría edificar una superficie equivalente a la mitad de lo que ocupa todo el suelo urbano, tanto el consolidado como el que no.
Las casi de 48.000 hectáreas de suelo urbanizable es una cifra alta porque muchos ayuntamientos apostaron por ampliar la superficie de edificación durante el boom del ladrillo. Llegó la crisis, se frenó la construcción, pero las previsiones municipales se mantuvieron. Conforme esta planificación urbanística, los concellos gallegos tienen suelo reservado para construir nada menos que 354.194 viviendas más, una cifra equivalente al 22% del parque inmobiliario, que cuenta con 1,6 millones de inmuebles.
