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Los registradores destapan un caso de blanqueo de capitales cada día en Galicia

Los registradores destapan un caso de blanqueo de capitales cada día en Galicia

En los dos últimos años descubrieron 777 casos con indicios fundados de lavado de dinero | Estos profesionales se incorporaron a esta labor inspectora en el año 2016

En la lucha contra el dinero sucio que entra en el sistema, los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles también juegan, aunque de manera reciente, un papel crucial. Por sus manos pasan ingentes cantidades de transacciones y cuando ven operaciones sospechosas dan la voz de alarma para que sean investigadas por los especialistas. En los dos últimos años, los registradores que ejercen en Galicia han destapado 777 casos con indicios fundados de blanqueo de capitales, lo que supone más de uno por día.

El detonador que levanta la sospecha puede adoptar múltiples formas: una empresa durmiente que de repente recupera la actividad, compraventa de viviendas o edificios a precios totalmente ajenos a la tendencia del mercado, negocios bursátiles que suscitan dudas sobre su legalidad, vinculaciones con paraísos fiscales, adquisiciones con medios de pago opaco o movimientos sorprendentes de artículos de lujo.

La inmersión de los registradores en la lucha contra el lavado de dinero se produce a finales del año 2015, cuando nace el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España. Cuando un profesional ve indicios de un posible delito, remite el expediente al CRAB, que a su vez filtra los casos, los analiza uno a uno, abre una investigación si lo considera pertinente y, finalmente, si ve sólidos los indicios que se está jugando con dinero sucio, eleva el caso al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es la Unidad de Inteligencia Financiera de España y la que en última instancia envía a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal los expedientes en que la comisión de un delito de lavado de dinero o de financiación de células o grupos terroristas resulta, como poco, probable.

En los dos últimos años han llegado a CRAB 777 casos de blanqueo de dinero destapados por los movimientos anotados en los registros mercantiles, de bienes muebles y de la propiedad ubicados en Galicia. En 2019 fueron 433 las alarmas dadas, de las que 199 se correspondieron con anotaciones en los registros de la propiedad y 234, en los mercantiles y de bienes inmuebles, en los que se inscriben artículos de lujo, coches de alta gama, cuadros, pieles, joyas, barcos y hasta, en algún caso, aeronaves.

Al año siguiente, en plena pandemia, las alertas descendieron ligeramente. Se notificaron 344: 157 de propiedades inmobiliarias y el resto, 187, de mercantiles y de bienes muebles.

No obstante, el peso de la comunidad gallega dentro del conjunto del Estado es más bien limitado, dado que el pasado año los colegios de registrados lanzaron en toda España 24.951 alertas por indicios de blanqueo de capitales, de las que 8.282 procedían de los registros de la propiedad y 16.669 de los mercantiles y de bienes muebles. A la cabeza en alertas destapadas figura Madrid, con casi 8.300, seguida de Cataluña, con 5.194, y Andalucía, con 3.758.

Las alarmas han sido un poco inferiores a las dadas en 2019, cuando se llegó a las 31.798, dado que la actividad del pasado año se vio alterada por el estado de alarma y la pandemia. Desde del CRAB sostienen que es posible que el coronavirus haya provocado una ligera paralización en la transmisión de inmuebles, pero que en todo caso, las operaciones sospechosas continuaron, si bien cada vez son más sofisticadas.

En 2019 se dieron 433 alertas y en el año de la pandemia la cifra bajó a 344

La lucha contra el blanqueo de capitales se ha intensificado en los últimos años tanto en España como en la Unión Europea con normas más precisas y rigurosas para intentar impedir o al menos dificultar que se materialicen operaciones para hacer pasar como limpio el dinero conseguido ilegalmente, ya sea el procedente del tráfico de drogas, del cobro irregular de comisiones, del empleo de trabajadores en negro o de las empresas pantalla y sociedades durmientes, esas que tanta relación guardan con los paraísos fiscales y que se pasan años sin actividad para de repente protagonizar una operación importante y disolverse de inmediato. También están las sociedades en cascada, domiciliadas en un paraíso fiscal y participadas por una o varias sociedades que a su vez están domiciliadas en otro paraíso fiscal, lo que dificulta sobremanera seguir el rastro de sus actividades; y las sociedades instrumentales, que se constituyen en terceros países para eludir el pago de impuestos en España.

Economía sumergida por el equivalente a casi una cuarta parte del PIB gallego

Otra práctica vinculada al delito fiscal es la economía sumergida, que se escapa al control pese al descomunal movimiento de capital que supone. Los diversos estudios para medir esta actividad no son coincidentes porque no usan metodologías armonizadas, pero sus resultados son similares: en Galicia equivale a entre el 22,8% y el 23,9% del PIB, lo que suponía que más de 12.000 millones de euros en el año 2018 pertenecían a la economía sumergida.

Pese a los intentos por rebajar el impacto de esta actividad no declarada, su tendencia es de crecimiento, según asegura el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, quien se remite a un estudio de Funcas para certificar que en veinte años mientras la economía creció el doble, la sumergida se cuadriplicó. Además, indica que otro informe del FMI corrobora que en España la economía en negro sigue una tendencia alcista.

“Si crece a pesar de las mejoras en la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria, es que algo se está haciendo mal. Porque no es que se mantenga, sino que se incrementa”, apunta Mollinedo.

En 2019 la lucha contra el fraude permitió “recuperar” 15.700 millones de euros en España, pero el secretario general de Gestha sostiene que aún así el 80% que los actores queda impune, con el añadido de que cada cuatro años prescribe el delito.

Ante los que piensan que son los autónomos y las tiendas locales, por ejemplo, los que más practican esta actividad, Mollinedo discrepa. Asegura que son solo la cosa menuda, porque los principales evasores son los grandes grupos multinacionales.

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